Reiteran peticion de juicio politico contra Licha

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Piden pescadores desalojados de sus propiedades inhabilitación y juicio político en contra de la munícipe isleña Alicia Ricalde Magaña, por haberlos quitado del padrón catastral y del registro de la Tesorería municipal.
Asimismo están a la espera de que concluya su fuero constitucional, y evitar el juicio de procedencia, el cual lleva un tiempo mayor.
En este sentido el presidente de Pescadores de Río Chac Muchuc, Jesús Cahum Mex, exigió a los legisladores la inhabilitación y juicio político en contra de Ricalde Magaña, la cual ordenó a sus achichincles de la Tesorería y de Catastro eliminar de manera injustifica a un promedio de 90 personas, y perjudicar los intereses de la población.
Esto lo afirmó debido a que tal parece que a los malos funcionarios, en vez de castigarlos, los premian, pues curiosamente, tan pronto termine su período, se hará cargo de la Presidencia del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el municipio de Benito Juárez, por lo que solo espera que la población benitojuarense la soporte como ya lo hizo el pueblo isleño, de quien solo recibieron ataques, al acusar al gremio pesquero de ladrones, arribistas, incluso de ratas no los baja, aunado a que le cerró su cooperativa si no retiraba las demandas en su contra, además de pagar a la Tesorería la cantidad de 33 mil pesos, por concepto de multa.
De esta manera hizo un llamado enérgico a los legisladores para que llamen a juicio político a Alicia Ricalde Magaña, aunado a que debe de hacerse acreedora de una inhabilitación, ya que los expedientes que les entregaron a los congresistas locales, están bien fundamentados, y es que si no se va a proceder en contra de la “señora”, es necesario que les brinden una respuesta favorable de porque no se realizó la petición de uno de los sectores más golpeados, y es que lo único que puede agradecerle a la Munícipe Ricalde Magaña, es el que le haya cerrado su restaurante, abundó Cahum Mex.
Por su parte el representante jurídico de los afectados y Presidente de la Coordinación de Asociaciones Civiles No Gubernamentales (CACNG), Carlos Pérez Torres, afirmó que tan pronto termine su período Alicia Ricalde Magaña y por ende se le acabe el fuero, esperan se gire ordenes de aprehensión en su contra, así como de sus servidores públicos, en particular del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, los directores de Catastro, Ingresos y de Fiscalización y Cobranza.
Esto porque el 15 de marzo se emitió una recomendación amplia y estructurada, la cual además esta bien fundada y justificada, al haberles dado la razón a los posesionarios, pescadores y padres de familia, eliminados injustificadamente del padrón catastral y de la Tesorería, por haber probado que se violaron sus garantías individuales, sus derechos humanos y la garantía de la legalidad, que prevé la Constitución federal a los ciudadanos, debido a que no se sujetaron al estado de derecho que los rige, al haber violado los artículos constitucionales 14 y 16, el artículo 74 del Bando de Policía y Buen Gobierno, y el artículo 73 fracciones 1 y 23 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos.
Debido a eso y como estrategia legal, solo están a la espera que entreguen, principalmente Alicia Ricalde Magaña, que fue la que inició el relajo y a la que secundaron sus ayudantes, por lo que solo esperan desaparezca el fuero constitucional para evitar un juicio de procedencia que va a tardar más, debido a esto consideró que es mejor esperar unos días más para que dejen de tener fuero, para que entonces con todos los datos, información y documentos con que cuentan y que se fincaron en los elementos penales.
Todo esto empezó en una sesión de Cabildo realizada en diciembre de 2009, donde los regidores acordaron eliminar del padrón catastral a 90 familias entre posesionarios, pescadores y padres de familia del padrón catastral y del registro de la Tesorería, por lo que a raíz de esto,
los afectados metieron sus escritos a desarrollo urbano, catastro, tesorería y a la propia presidenta municipal, la que no quiso recibir, por lo que recurrieron a las instancias judiciales y administrativas, entre las que se encuentra la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHQROO), para interponer quejas debido a que se violentaron sus derechos humanos, por los motivos antes expuestos, concluyó Pérez Torres.

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