Playa Marlín, una más de las tropelías de Julián

Por Luis Mis

 CANCUN.— La privatización de la Playa Marlín, es una de las últimas tropelías de la administración de Julián Ricalde y sus incondicionales regidores, quienes atentaron una vez más contra el patrimonio y los derechos de los cancunenses, tras aprobar el llamado proyecto “Club de Playa Marlín”, mediante la XLIX sesión extraordinaria de Cabildo en la que los regidores cómplices de este despojo votaron 16 a favor y 1 en contra.

De este modo, se impuso una vez más la ambición del alcalde perredista, tras desempolvar un tema que durante muchos años estuvo en calidad de querella entre particulares y autoridades municipales por la administración de los lotes 19,19-1 y 19-B de la manzana 56 en Playa Marlín y que el pasado 5 de septiembre le fue devuelta a  Integradora de Servicios Administrativos SA de CV.

Mediante una declaratoria de “imposibilidad técnica y económica” para ofrecer “instalaciones sanitarias, regaderas y servicios de alimentos y bebidas” a los turistas, el municipio aprobó la entrega en concesión de esos servicios en Playa Marlín a inversionistas privados y a causa de ello cerró uno de los pocos accesos al mar que quedaban para los pobladores de la localidad, desde el pasado mes de noviembre del año 2006, en su primer intento por parte de Integradora de Servicios Administrativos SA de CV.

Sin embargo la empresa habría obtenido esta concesión que le fue revocada por no cumplir, más que nada, con el acuerdo de pagar una renta mensual de 10 mil dólares al DIF y posteriormente elevada a 12 mil dólares, cuya cuestión fue retomada por esta empresa a finales del año pasado, comprometiéndose nuevamente a la construcción de baños públicos y regaderas.

De hecho, la playa que se supone es de acceso gratuito para todos los turistas y habitantes de la Región, es atendida actualmente por personal del Ayuntamiento.

Irónicamente, el regidor perredista Agustín Osorio, fue el único que votó en contra durante la primera concesión de esta playa a este mismo grupo empresarial, bajo el argumento que había sido aprobado a cambio del pago de 10 mil dólares mensuales, pero que esta licitación pública era por 30 años, y se quejó porque cada vez que la administración de una playa queda en manos privadas, no se ha dejado entrar a los ciudadanos.

El acta de 41 de sesión de Cabildo de aquel año 2006, dice que el municipio podría intervenir la concesión si no se permite el acceso libre y gratuito a las personas porque la empresa hacen un ingreso pequeño, que casi no se ve, y si la gente entra, los mismos guardias los presionan hasta que se van.

Siete años después, el gobierno de otro perredista Julián Ricalde, entrega la playa Marlín según el proyecto avalado cuyo texto reza: “Instrúyase al Secretario municipal de Ecología y Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para efecto de que una vez de que la empresa Corporación Integradora de Servicios Administrativos cumpla cabalmente con todos los requisitos que contempla la ley de la materia, se le expida la licencia de construcción del proyecto arquitectónico Club de Playa Marlín”.

No obstante cabe mencionar que las concesiones deben regirse por lineamientos legales y análisis de impacto ambiental y por ningún motivo pueden ser vendidas, traspasadas o heredadas, ya que son zonas federales y aunque se haya pagado el predial de una concesión por algún tiempo, eso no da pie o garantiza la compra.

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