A fondo, la verificación a comercios

Por Luis Mis 

CANCUN.— El Ayuntamiento de Benito Juárez continúa con la verificación de permisos, pagos de derechos, impuestos y licencias de funcionamiento a comercios en general, aun cuando muchos de éstos operaron al margen de la Ley desde la pasada administración municipal, como en el caso de algunos restaurantes con venta de alcohol de la cual es socio el diputado perredista, Jorge Aguilar Osorio.

En el municipio son por lo menos tres mil establecimientos, entre coctelerías, bares y restaurantes que expenden bebidas alcohólicas al copeo, aunque casi un 35 por ciento de dichos negocios se ubican en áreas turísticas, no precisamente al interior de los hoteles, sino en locales y plazas a lo largo de la zona de playas.

No obstante, por muchos años, algunos de estos negocios han operado con sendos adeudos  por concepto de predial, basura y en consecuencia pagos de multas con licencias de funcionamiento ex temporáneas, en cada nuevo gobierno, porque en la administración de dichos establecimientos están involucrados funcionarios y políticos, principalmente.

En este sentido, cabe recordar que tanto los inspectores fiscales asignados a la comuna, así como los que dependen del gobierno del estado, han reportado en cada ejercicio fiscal la operatividad de estos negocios que carecen de permisos oficiales, pero por motivos diversos y que ponen en entredicho a la autoridad, éstos continúan operando bajo el eterno compromiso de regularizarse, obviamente sin que esto ocurra realmente.

Tal vez por ello, algunos establecimientos que se ubican en estas zonas céntricas y de playas, pasan desapercibidos, porque se supone que cuentan con los permisos correspondientes, ya que por su localización, no tienen inconvenientes para vender alcohol.

En este sentido cabe mencionar que otros restaurantes que han sido clausurados, sin duda no se han afiliado a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), toda vez que dicho organismo cuenta con una oficina de gestión para procurarles asesoría a sus socios, cada inicio de año, a fin de evitar justamente las multas y sanciones por no realizar el trámite o renovación de su licencia de funcionamiento a tiempo.

En el más reciente caso de los restaurantes “Todos Gordos” y “La Amorosa”  fue el diputado Jorge Aguilar Osorio, quien dio la cara al momento de la revisión de documentos, desafortunadamente se mostró prepotente y quiso sentirse intocable, como cuando el Ayuntamiento estaba en manos de Julián Ricalde Magaña.

A pesar de todo, la clausura se llevó a cabo por no contar con licencia de funcionamiento, uso de suelo, pago de predial, pago de basura y licencia para venta de alcohol; y como éstos existen otros negocios que deberían ser investigados, tal es el caso de los famosos  y antiquísimos restaurantes Crab House y Fish Fritanga, en plena Zona Hotelera.

Y es que aún cuando sale a la luz pública, una vez más, la desmedida ambición de algunos políticos, quienes pretenden aprovechar su fuero, como en el caso de Aguilar Osorio, operando negocios al margen de la ley, negándose a pagar impuestos como un contribuyente normal; sólo dependerá de la autoridad en turno la aplicación de la sanción correspondiente y la regularización de dichos negocios.

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