ESPAÑA, ENTRE LA MONARQUÍA Y LA TERCERA REPÚBLICA

Por Koldo Castillo

 Cuando en 1975, el régimen del general Franco impuso como nuevo rey de España a Juan Carlos I  pretendía una restauración encubierta de un sistema político al que los españoles habían abandonado con la instauración de la II República en 1931.

Una guerra civil en la que resultaron vencedores los sectores más reaccionarios y atrasados de aquella sociedad y el gobierno dictatorial del general Francisco Franco que impuso, a sangre y fuego, su dominio sobre aquella sociedad por casi 40 años, pretendió acabar con las ideas liberales y socialmente avanzadas de una sociedad que pretendía seguir el curso de los tiempos y adoptar las formas de vida civilizadas del resto de Europa Occidental.

Todo se fue al traste tras tres años de guerra civil -1936-39 – un millón de muertos, y casi medio millón de expatriados que buscaron refugio obligado en los países que quisieron acogerlos, especialmente México.

Lo curioso del caso es que contra el curso de la historia no se puede ir y aunque los sectores ultraconservadores arrasaron con la modernidad, con el paso de los años y tras dos generaciones de españoles, el liberalismo, las ideas de libertad y de modernidad volvieron a reaparecer.

Tras la muerte del dictador, 20 de noviembre de 1975, los últimos actores de la guerra civil y los hijos de estos, impusieron un régimen que les garantizaba la perpetuación de sus intereses económicos y sociales. Este proceso de modernización recibió el pomposo nombre de la “transición española” y fue vendida como modelo al resto del mundo.

Las grandes fortunas de la España imperial, unidas a los sectores empresariales que se enriquecieron con los gobiernos autárticos del general Franco por casi cuatro décadas, garantizaron con esta transición la legitimidad de sus fortunas.

Después, en 1982, la Europa de los 12 permitió que la “nueva democracia” se incorporara al resto del continente y tras fuertes apoyos económicos, la tradicional España casi rural, preindustrial y cuajada de rasgos y restos medioevales mantuvo un periodo de 26 años de rápido crecimiento y desarrollo.

Todo explotó cuando con la crisis mundial de 2008, se destapó el corcho y de la botella salieron las grandes contradicciones de una sociedad que confundió desarrollo con consumismo y especulación, de forma que el modelo hizo aguas por todas partes y tuvo que llegar Europa a poner orden y salvar a una economía derrochadora y corrupta, donde los nietos de aquellos vencedores de la guerra civil y los nuevos ricos vinculados al poder político se hicieron de fortunas a costa de disparar a cerca del 10% el déficit público nacional.

Los cientos de miles de millones de euros prestados por Europa no sirvieron  para crear una sociedad más justa y eficiente, sino que permitieron especular con la construcción, la venta de terrenos y el disparo de los precios de los bienes inmuebles a niveles que convirtieron a las propiedades en la costa Española o en las grandes ciudades en tesoros con precios hasta cinco veces superiores a la media de los países industrializados de Europa Occidental.

En seis años desde el estallido de la crisis hasta hoy, del gobierno del PP, partido político en que confluyen todos los sectores de la derecha y la extrema derecha españolas, han logrado disparar el nivel de desempleo en España a más  de 5 millones de trabajadores,  cerca del 26% del censo laboral, sin contar los muchos miles de trabajadores que ni figuran en las estadísticas porque ya ni intentar obtener  empleo. El nivel de ingresos de los españoles ha caído de estar  casi 7 puntos por encima de la media de los países de la Unión Europea, a bajar casi 15 puntos en el porcentaje y la crisis no tiene visos de remitir por lo menos en dos años más.

Todos los aspectos sociales han sido rebajados a niveles desastrosos. Los españoles hoy ganan un 10% menos de media que hace seis años y la carga del sistema y del sector empresarial aliado al mismo, contra los sindicatos han producido casi el enmudecimiento de las centrales obreras que ni se atreven a protestar mínimamente bajo la amenaza del desempleo en caso de defender las conquistas sociales que se tardaron 50 años en lograr.

Ahora, cuando el viejo Rey de España, Juan Carlos I, impuesto por el general Franco, ha mostrado junto a varios miembros de su familia, sus mayores debilidades, el régimen lo obliga a abdicar para permitir que su hijo, Felipe VI, pueda mostrar una nueva cara de un sistema político que cuando menos ya necesita una revisión completa.

Lo curioso del caso es que el “talante” del régimen es tan democrático que en la toma de protesta del nuevo monarca se prohibió a los españoles que estos mostraran cualquier tipo signo de repudio a la monarquía o expresaran sus preferencias por la República y hasta se encarceló masivamente a los que se atrevieron a manifestarse portando banderas rojas, amarillas y moradas.

Esos españoles que ya gozaban hasta hace unos años de un nivel de ingresos y una supuesta calidad de vida próxima a Europa, ahora están descubriendo que su sociedad tiene cuentas pendientes sin resolver, aspectos como el de los nacionalismos catalán y vasco, cuyo encaje en el país fueron postergados por años y hasta del tipo de régimen constitucional en que quieren vivir.

La llamada transición ya terminó. En una país con casi 45 millones de habitantes con un buen nivel cultural y educativo, no se puede seguir imponiendo regímenes y formas de gobierno no aceptadas dramáticamente por los ciudadanos. Los nuevos españoles ya no son el pueblo semi analfabeto que en muchas de sus regiones los militares y los curas hicieron que sus enfrentasen contra la República en 1936. Hoy es un pueblo tolerante que una vez más, y ya son demasiadas a lo largo de su historia, está descubriendo que la llamada democracia española es parcial, retorcida y llena de intereses oligárquicos, que le están afectando su futuro como nación culta, rica, próspera y democrática.

La disyuntiva no es una monarquía o una república como forma de gobierno. Lo que sí es intolerable para un país que se llama moderno es que ni tan siquiera se permita emitir su opinión y mucho menos su voto a sus ciudadanos sobre qué régimen quieren y a quién eligen al frente de su estado. Y con esta falta de carácter democrático, los políticos españoles están descalificados de origen para “dar ninguna lección” a los pueblos de América Latina que buscan, cada uno a su forma, el modelo social y económico que les conviene.

Comentarios: koldocastillo@hotmail.com

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