CONFESIONES

Por Guillermo Vázquez Handall

 El análisis respecto de los diez puntos que el Presidente de la República presentó la semana pasada, como respuesta a la crisis que enfrenta el Estado mexicano, va mucho más allá del contenido de los mismos.

Infiere la consideración de los factores que exigieron su presentación y por tanto, la relación que tienen con ellos, porque no en todos los casos, lo que se plantea significa una solución como tal.

Porque una vez más lo que el mandatario propone es un pacto político y no social, privilegiando la negociación legislativa, que hay que reconocer ha sido su punto fuerte.

Pero eso es porque su partido cuenta con mayoría en las cámaras para hacerlo y con el talento de sus coordinadores parlamentarios Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, pero legislar no es igual a gobernar.

Pero el problema es que esta crisis no se origina en la competencia política partidista, proviene del reclamo social generalizado, del hartazgo propiciado por un clima de inseguridad y corrupción.

Más aún cuando el problema de la inseguridad en la percepción social, no se refiere exclusivamente a un acontecimiento, sino a la sensación ciudadana de que la inseguridad no sólo proviene del crimen organizado. Se orienta a la incapacidad oficial para combatirla y peor aún, a la complicidad de la autoridad en estos actos delictivos, la corrupción pasó de ser económica a criminal.

Esto ha provocado que hoy se gobierne en la desconfianza y el rechazo y que las medidas anunciadas, parezcan inerciales respecto de la coyuntura, insuficientes y por ello eventualmente ineficientes, al menos en la búsqueda de una solución integral.

Sin embargo, el factor que hoy pesa más en contra de la credibilidad del régimen y de su liderazgo, además de la inseguridad claramente es la corrupción y la carencia de transparencia.

Efecto que evidentemente se acrecentó con la publicación de la información de la adquisición que realizó la esposa del mandatario, de la llamada “Casa Blanca”,  que además tuvo un pésimo manejo mediático por parte de los Pinos.

Esto es lo que ha llevado a esta crisis de Estado a un nivel tan complicado, que no sólo está poniendo en entredicho al gobierno en funciones, sino a todo el sistema.

Visto así, el largamente esperado anuncio de la creación de una fiscalía anticorrupción, en el formato que se hizo, no significa, al menos en el papel, un verdadero compromiso en ese sentido, fundar instituciones no es crear resultados por decreto.

En todo caso, al menos desde nuestro punto de vista, un verdadero Fiscal Anticorrupción tendría que ser completa y absolutamente independiente, tanto del poder Ejecutivo como del Congreso.

Es decir, electo por voto directo de la ciudadanía, no propuesto ni por el presidente, ni por las cámaras o partido político, un profesional prestigiado, intachable, sin ningún vínculo de ese tipo.

Esto pudiera ser posible en la elección del año siguiente en la que se renueva la Cámara de Diputados, por un periodo de tres años y con la posibilidad de reelección otros tres.

Además, así su gestión no coincidirá en el mismo periodo que el del actual presidente de la República, ya que su siguiente etapa, la segunda si fuera reelecto, sería en la primera mitad del siguiente gobierno del titular del Ejecutivo.

Necesariamente tendría que tener total autonomía presupuestal y jurídica para vigilar, investigar y solicitar acción jurídica en contra de los funcionarios de los tres niveles del Gobierno.

Para que esta fiscalía tuviera un peso real y además, contara con las herramientas para convertirse en una dependencia que no estuviera expuesta a las complicidades del poder, habría que dotarla de facultades, que limitaran esa relación, debido a que no tuviera que someterse a ningún ordenamiento que proviniera de los otros poderes.

Esto supone, sin duda, una complejidad, el costo y financiamiento para hacer una campaña por el voto para este cargo, aunque claro, lo más importante es que al ser electo directamente, su único compromiso moral y profesional sería con la sociedad que lo elegiría y que en su caso, lo podría ratificar o separar del cargo según su desempeño.

Bajo estas características, la elección de un Fiscal Anticorrupción en este esquema, significaría sin duda, no sólo una profunda y auténtica transformación, sino una respuesta genuina del gobierno y la clase política al reclamo social.

Podemos estar de acuerdo que una propuesta de esta magnitud es atípica, sería como crear un cuarto poder institucional, sin embargo, en las condiciones actuales, sería la única forma de recuperar la confianza social, crear un instrumento cuya principal virtud sea su independencia del poder político establecido.

Además de esta forma, el combate a la corrupción no podría politizarse, ni ser objeto de acciones provenientes de estrategias electorales, porque el objetivo no sería encarcelar a los funcionarios públicos, sino que con la presencia de esta institución, se limitara la corrupción.

Visto así, estaríamos hablando de una situación en la cual, la fiscalía anticorrupción autónoma, además de tener facultades correctivas, por su sola creación sería también además preventiva.

Comentarios: Twitter@vazquezhandall

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