El Verde demuestra desprecio por la legalidad: PAN

CANCÚN.— El Partido Verde Ecologista de México iniciará el proceso electoral federal en medio de fuertes cuestionamientos por el desempeño de ex funcionarios como Ludivina Menchaca en la Profepa y por su desacato a la Ley Electoral, que derivó en una sanción económica de 35 millones 720 mil 612 pesos.

Con ello, el PVEM ha dado sistemáticamente muestra de su profundo desprecio por la legalidad, aseveró el dirigente estatal del PAN, Eduardo Martínez Arcila respecto a la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que por unanimidad impuso sanciones económicas en contra de ese instituto político, así como  a las empresas Cinemex y Cinépolis por desacato a las medidas cautelares ordenadas para suspender la transmisión de los denominados “cineminutos” en las salas de cine distribuidas en todo el país.

En sesión extraordinaria urgente, los integrantes de la Comisión aprobaron un acuerdo que establece una sanción por 35 millones 720 mil 612 pesos al PVEM, que se aplicaría mediante la reducción inmediata del 50% de su ministración mensual del financiamiento público correspondiente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

En tanto, a las empresas Cinemex y a Cinépolis se aplicarían multas por 7 millones 10 mil pesos a cada una.

La Comisión de Quejas y Denuncias estableció que el PVEM incumplió las medidas cautelares dictadas en el mes de diciembre de 2014, referentes a la suspensión de la difusión de los promocionales “Verde sí cumple”, “Circo sin animales” y “Pena de muerte a secuestradores”, denominados cineminutos.

De igual forma, se acordó trasladar este expediente a la Unidad Técnica de Fiscalización, para lo que a derecho corresponda.

Las sanciones propuestas serán presentadas para su análisis y aprobación en la próxima sesión del Consejo General del Instituto.

Martínez Arcila dijo que, de igual manera, cuestionó la actuación de servidores públicos emanados del Partido Verde, lo que demuestra que tiene un ADN de “corrupción e ilegalidad”, como es el caso de Ludivina Menchaca, quien dejó de ser delegada de la Profepa pero que, paradójicamente, podría ser “premiada” por su partido con una candidatura plurinominal y la posibilidad de acceder al fuero constitucional en caso de que llegue a la Cámara de Diputados federal.

El dirigente estatal del PAN agregó que por ello no es suficiente la destitución de Menchaca Castellanos, sino que el gobierno federal debe dar muestra contundente de que las autoridades que solapen a delincuentes ambientales, deben ser castigadas con severidad.

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