Liberan a líderes de la Cocopo en Felipe Carrillo Puerto

Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito PiñaFELIPE CARRILLO PUERTO.— Luego de más de ocho meses en prisión y un largo proceso legal, los líderes del Consejo de Colonias Populares (Cocopo), Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña quedaron en libertad en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.

Ambos abandonaron la cárcel local a las 17:55 horas de este martes, luego de que el juez penal no tuvo elementos para mantenerlos en prisión ante la falta de pruebas por los cargos de sabotaje.

Alfredo Esquivel y Cab y Teresita Brito Piña permanecían en prisión desde agosto del 2014, cuando fueron detenidos bajo cargos de supuesto sabotaje por encabezar una manifestación de pobladores que durante casi una semana mantuvieron bloqueadas las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en reclamo por el incremento de los costos del servicio.

Durante el proceso legal, el juez penal de Felipe Carrillo Puerto, Javier Ruiz Ortega, ratificó en tres ocasiones el auto de formal prisión por el delito de sabotaje contra los líderes de la Cocopo, a pesar de que el encargado del Juzgado Sexto de Distrito, Reynaldo Pinón Rangel, había determinado que éste funcionario había incurrido en inejecución de sentencia, por lo cual le ordenaba corregir su fallo de formal prisión contra Esquivel y Cab y Teresita Brito.

De igual manera le exigió cumplir con la ejecutoria de amparo en los términos en los que se definió la sentencia en el juicio de garantías y le dio un plazo de 24 horas para hacerlo, pero no acató la orden.
El Juzgado Sexto de Distrito inició un procedimiento contra Javier Ruiz Ortega ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, en el que se establece que podría ser separado de su cargo e incluso consignado ante un juez federal por el delito de incumplimiento de sentencia.

En su resolutivo, el juez federal ordenó a Ruiz Ortega que dictara un nuevo fallo a partir de “analizar exhaustivamente los medios de convicción con que se cuenta, a fin de establecer si es jurídicamente viable otorgarles el valor probatorio que establece la legislación adjetiva penal”.

Asimismo, “extraer de las pruebas que cumplieron con las exigencias legales de valoración, los datos, indicios, inferencias, motivos o circunstancias que le permitan tener por acreditado cada uno de los elementos del delito”, y “precisar las pruebas con que se acredite cada uno de esos elementos del ilícito, con la exposición de los motivos, razones y circunstancias del porqué son eficaces para ello”.

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