A 40 años de la aprobación en referendo de la Constitución de la República de Cuba

(Primera de tres partes)

Por N. Mario Rizzo M.
(Corresponsal para el Caribe de UNQR)

LA HABANA.— La vigente Constitución cubana acaba de cumplir 40 años. Aprobada en Referendo en 1976 puso fin a una etapa (1959-1976) que cedió paso a otra llamada de institucionalización del país, donde fue establecido el Poder Popular y dotado el país de una Carta Magna discutida por toda la ciudadanía antes de ser sometida a votación.

En total ha sufrido tres modificaciones. Primero para cambiar el nombre de la Isla de Pinos, isla al sur de la mayor del archipiélago, por el de Isla de la Juventud. Luego en 1992 la que permitió la existencia de otro tipo de propiedades además de la estatal y también para reforzar la libertad religiosa, así como perfeccionar los gobiernos locales.

ParlamentoLa modificación de 2002 declara el carácter irrevocable del régimen socialista en Cuba y establece que la posible modificación o exclusión de este principio es sólo posible mediante referendo. No siendo suficientes los dos tercios de la Asamblea Nacional como para la modificación de cualquier otro artículo.

No obstante estas modificaciones la Carta Magna ha envejecido. Los lineamientos para la actualización del modelo económico y la apertura a la inversión extranjera han superado sus marcos. También determinados preceptos han quedado fuera de uso como la pérdida de la ciudadanía cubana a quienes adquieran una segunda ciudadanía, pues por ejemplo los casi dos millones de cubanos en el exterior requieren pasaporte nacional para viajar a la isla aun cuando hayan obtenido otra nacionalidad, y decenas de miles de cubanos se han hecho ciudadanos españoles o de otras naciones sin menoscabo de su ciudadanía original.

Sin dudas la Constitución de 1976 garantiza derechos que son un sueño para cualquier otro país pero también ha sido criticada por no contemplar algunos típicos de las democracias burguesas.

El sistema social cubano y su Constitución han sido enjuiciados severamente por juristas y políticos de otros países así como de la comunidad cubana en el extranjero, como ejemplo de los principales argumentos esgrimidos por estos incluimos a continuación parte de lo aportado por la Lic. Luisa Esperanza Rodríguez Grillo en su trabajo intitulado Panorama constitucional cubano siglos XIX a XXI

Al largo período de provisionalidad del Gobierno implantado en 1959 –puesto que nunca fueron convocadas elecciones- le sucedería un denominado “proceso de institucionalización” del país. Este se inició en 1974 con la promulgación de las Leyes de Organización del Sistema Judicial, de Procedimiento Penal y la de Procedimiento Civil y Administrativo. Dentro de este proceso se dictó la nueva Constitución inspirada en los principios del marxismo-leninismo, que con algunas modificaciones se mantiene vigente en la actualidad.

En ella se proclama que el Partido Comunista – único-constituye la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, lo que significa que son las directivas trazadas por éste las que rigen los diferentes sectores de la vida del país, desde la economía hasta la cultura y las relaciones familiares.

La estructura del Gobierno se encuentra basada en los principios contenidos en su artículo 66 según el cual “los órganos del Estado se integran, funcionan y desarrollan su actividad sobre la base de los principios de la democracia socialista, la unidad de poder y el centralismo democrático”.

La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado que, según el texto constitucional, “representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo trabajador” y es, además el único órgano con potestad constituyente y legislativa. Está compuesta por diputados que no son elegidos de forma directa por los electores sino por las Asambleas Municipales del Poder Popular por un período de cinco años. En la primera reunión después de su elección, los diputados eligen de entre ellos al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Asamblea y, a continuación, proceden a elegir al Consejo de Estado también de entre sus diputados.

Entre las múltiples atribuciones que la Constitución otorga a la Asamblea Nacional se encuentra la de “ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno”. Resulta difícil entender cómo se puede llevar a cabo esta importantísima función si se tiene en cuenta, que desde sus inicios, resulta práctica obligada la elección para diputados de todos los miembros del Gobierno y también de los máximos dirigentes del Partido (téngase en cuenta que éste tiene una función dirigente respecto al Gobierno el cual debe cumplir fielmente todas sus orientaciones). De todo ello resulta que los “fiscalizados” son a la vez “fiscalizadores”.

La Asamblea Nacional se reúne solamente en dos períodos de sesiones al año (los cuales en la práctica no suelen ser superiores a tres días) y en sesión extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros o la convoque el Consejo de Estado.

Durante estos cortos períodos de sesiones deben, en teoría, ser discutidas y aprobadas las leyes. Si a esto unimos que además de los dirigentes, en la Asamblea deben estar representados todos los sectores de la sociedad: obreros de diferentes ramos, dirigentes de las distintas organizaciones políticas y de masas, campesinos, artistas, intelectuales, deportistas, etc., que son los que le dan el matiz popular a la misma, pero que son personas que por las propias actividades a las que se dedican profesionalmente desconocen las cuestiones que se tratan en este foro, fácilmente se comprenderá que las leyes se aprueben de forma prácticamente mecánica, sin un verdadero análisis y debate previo. El artículo 80 de la Constitución dispone: “La condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios económicos. Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular coordinarán sus funciones como tales con sus responsabilidades y tareas habituales.”

Aunque se establece que los diputados son electos por un período de cinco años ello no significa que cada lustro se produzca una verdadera renovación de la Asamblea, principalmente por el hecho de que los máximos dirigentes del partido y del gobierno siguen siendo los mismos y, por tanto, siguen siendo elegidos como diputados. En cuanto al resto de los miembros, aunque varíen sus personas no significa que cambien los intereses que defienden, puesto que todos profesan la misma ideología y pertenecen al mismo y único partido político.

El Consejo de Estado se define como un órgano de la Asamblea Nacional que la representa entre uno y otro período de sesiones, ejecuta los acuerdos de ésta y cumple las demás funciones que la Constitución le atribuye. Tiene carácter colegiado y ostenta la suprema representación del Estado tanto a los fines nacionales como internacionales. Está integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario y veintitrés miembros más. Su Presidente es el Jefe de Estado y de Gobierno.
Entre las atribuciones conferidas al Consejo de Estado, contenidas en el artículo 88, se encuentran las siguientes: decretar la movilización general cuando la defensa del país lo exija, declarar la guerra en caso de agresión o concertar la paz cuando se halle en receso la Asamblea Nacional; sustituir, a propuesta de su presidente, a los miembros del Consejo de Ministros entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea; impartir instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo; impartir instrucciones a la Fiscalía General de la República; ratificar y denunciar tratados internacionales; otorgar o negar el beneplácito a los representantes diplomáticos de otros Estados; suspender las disposiciones del Consejo de Ministros y los acuerdos y disposiciones de las Asambleas Locales del Poder Popular que no se ajusten a la Constitución o las leyes así como revocar los acuerdos y disposiciones de los Comités Ejecutivos de los órganos locales del poder popular que contravengan las mencionadas normas o cualquier otra disposición dictada por un órgano de mayor jerarquía.

Al Presidente del Consejo de Estado corresponderá, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 91, entre otras, las siguientes atribuciones: representar al Estado y al Gobierno y dirigir su política general; organizar y dirigir las actividades y convocar y presidir las sesiones del Consejo de Estado y las del Consejo de Ministros; controlar y atender al desenvolvimiento de las actividades de los Ministerios y demás organismos centrales de la Administración; asumir la dirección de cualquier Ministerio u Organismo Central de la Administración y desempeñar la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas.

Como se desprende de las atribuciones conferidas al Consejo de Estado y a su Presidente queda claro que, constitucionalmente, es en este último donde se centraliza el poder.
Por su parte, el Consejo de Ministro se califica como el máximo órgano de carácter ejecutivo y administrativo que constituye el Gobierno de la República. El Jefe de Estado y de Gobierno es su Presidente. Este, conjuntamente con el Primer Vicepresidente y los Vicepresidentes integran su Comité Ejecutivo el cual controla y coordina por sectores la labor de los ministerios y organismos centrales. El Comité Ejecutivo está facultado para decidir sobre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros cuando la urgencia del caso lo requiera.

Dentro de las múltiples atribuciones conferidas al Consejo de Ministros se encuentran las relativas a sus funciones de orden ejecutivo como son, en líneas generales, las de organizar y dirigir la ejecución de las actividades acordadas por la Asamblea Nacional; ejecutar las leyes y demás disposiciones dictadas por los órganos legislativos así como dictar decretos y controlar su ejecución. Entre las correspondientes a su función administrativa se encuentran, por ejemplo, dirigir la política exterior, dirigir y controlar el comercio exterior, adoptar medidas para fortalecer el orden monetario y crediticio, dirigir la administración del Estado y dentro de ellas, ejercer la dirección y fiscalización metodológica y técnica de las funciones administrativas de los órganos locales del Poder Popular cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento. Respecto a sus funciones mixtas, es decir, de orden administrativo- ejecutivo está la de proponer los proyectos de planes de desarrollo del Estado y el Presupuesto Estatal.

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