A 40 años de la aprobación en referendo de la Constitución de la República de Cuba

(Segunda de tres partes)

Por N. Mario Rizzo M.
(Corresponsal para el Caribe de UNQR)

LA HABANA.— La vigente Constitución cubana acaba de cumplir 40 años. Aprobada en Referendo en 1976 puso fin a una etapa (1959-1976) que cedió paso a otra llamada de institucionalización del país, donde fue establecido el Poder Popular y dotado el país de una Carta Magna discutida por toda la ciudadanía antes de ser sometida a votación.

Hasta aquí hemos hecho referencia a los órganos superiores de poder, toca ahora el momento de tratar los denominados “órganos locales del poder popular”. Estos se encuentran estructurados tanto en el ámbito provincial como en el ámbito municipal. En consecuencia, tanto en las provincias como en los municipios se constituyen las asambleas locales del poder popular. Los delegados que integran estas asambleas son elegidos por votación directa dentro de los candidatos nominados en asambleas organizadas por el partido comunista en las distintas circunscripciones territoriales, sobre la base de los méritos revolucionarios de las personas propuestas, por tanto, en las elecciones la población se encuentra con candidatos que profesan la misma ideología, que no presentan siquiera programas con matices diferentes, se trata, por tanto de una sola y única opción.

Las asambleas locales, según lo dispuesto en el texto constitucional, están investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus respectivas demarcaciones. Para ello, en cuanto les concierne, ejercen gobierno y, a través de los órganos que constituyen, dirigen las actividades económicas de producción y de servicios que les están directamente subordinadas y desarrollan las actividades requeridas para satisfacer necesidades asistenciales, económicas, culturales, educacionales y recreativas de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una. Además, ayudan al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de las unidades establecidas en su territorio que no les están subordinadas.

Como se sabe, en Cuba excepto el nuevo sector de economía mixta que comparte el Estado con empresas privadas extranjeras, el resto de las empresas –que constituyen la mayoría-son estatales. Antes de que se promulgara esta Constitución, todas ellas estaban dirigidas directamente por los Ministerios a los que se encontraban subordinadas. Con la creación de los órganos locales del poder popular se pretendió descentralizar un poco la dirección económica dando a ellos ciertas facultades en la administración de las empresas ubicadas en sus territorios. A tales efectos las empresas han sido clasificadas en nacionales y locales. Las primeras son aquellas que tienen mayor importancia para la economía del país y cuya actividad económica rebasa los marcos territoriales locales, éstas siguen siendo en la actualidad dirigidas tanto metodológica como funcional y administrativamente por los ministerios u otros organismos de la administración central del Estado. En cuanto a las locales son las de menor peso y su actividad económica se circunscribe al territorio en que están ubicadas. Pueden ser de nivel provincial o municipal, pero en ambos casos estas empresas locales están sujetas a una doble subordinación: en lo metodológico y técnico a los ministerios u otros organismos centrales, mientras que en los aspectos administrativos, operativos y de funcionamiento se encuentran bajo la dirección de los órganos locales del poder popular. En la práctica este complejo mecanismo no ha dado un resultado positivo pues lejos de flexibilizar la gestión económica ha duplicado la dependencia burocrática que tienen las empresas cubanas respecto a los órganos administrativos que son los que deciden por ellas y les imponen sus normas, muy alejadas de los criterios de rentabilidad necesarios para su buen desenvolvimiento.

Con relación a las asambleas locales es preciso señalar que las mismas poseen un órgano colegiado denominado comité ejecutivo y constituido por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario que a su vez lo son de la propia asamblea. Estos comités, que asumen las funciones de la Asamblea Local entre los períodos de sesiones de ésta, tienen atribuciones de carácter ejecutivas, administrativas y ejecutivo-administrativas

Dentro de la organización del aparato estatal cubano se encuentran los órganos encargados de impartir justicia integrados por el Tribunal Supremo Popular y los tribunales populares provinciales y municipales constituidos conforme a la división político-administrativa del país. Según lo dispuesto en la Constitución, los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurados con independencia funcional de cualquier otro y sólo subordinados, jerárquicamente, a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado. Entre los principales objetivos atribuidos a ellos por el magno texto se encuentran salvaguardar el régimen económico, social y político establecido en la Constitución, proteger la propiedad socialista, la personal de los ciudadanos y las demás formas de propiedad reconocidas constitucionalmente; amparar la vida, la libertad, la dignidad, el honor, el patrimonio, las relaciones familiares y demás derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y otros.

El Tribunal Supremo ejerce la máxima autoridad judicial y sus decisiones en este orden son definitivas. A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de éstos, imparte instrucciones de carácter obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley.

Entre las diversas atribuciones que otorga la Constitución al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo se encuentra en primer lugar, la de trasmitir a los Tribunales las instrucciones de carácter general recibidas de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del Consejo de Estado y del Pleno del propio Tribunal. Si a esto se une la extendida práctica de las “orientaciones” dadas a los jueces por el partido comunista en orden a la forma en que deben ser aplicadas las sanciones según los tipos de delitos, es evidente que el precepto constitucional que proclama que los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la Ley, no resulta regularmente observado.

Los tribunales cubanos, que funcionan en forma colegiada, se encuentran integrados por jueces profesionales y jueces legos, los cuales son elegidos por las correspondientes asambleas del poder popular, así, los del Tribunal Supremo los elige la Asamblea Nacional, los de los tribunales provinciales, la Asamblea Provincial del Poder Popular de cada una de las provincias y los de los tribunales municipales por las respectivas asambleas municipales. Según disposición constitucional los tribunales tienen que rendir cuenta de su gestión ante la Asamblea que los eligió, al menos una vez al año.

La Constitución proclama que es el sistema socialista de economía, basado en la propiedad socialista sobre los medios de producción, el que rige en el país y que corresponde al Estado organizar, dirigir y controlar la actividad económica nacional de acuerdo a un Plan Único de Desarrollo Económico-Social y declara al comercio exterior como función exclusiva del Estado. En cuanto al tema de la propiedad establece cinco formas de las cuales la más importante es la propiedad estatal socialista establecida irreversiblemente sobre las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o a cooperativas agropecuarias integradas por éstos; sobre el subsuelo, las minas, los recursos marítimos naturales y vivos dentro de la zona de su soberanía, los bosques, las aguas, las vías de comunicación; sobre los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transportes, y cuantas empresas, bancos, instalaciones y bienes han sido nacionalizados y expropiados, así como sobre las granjas del pueblo, fábricas, empresas o instalaciones económicas, sociales, culturales y deportivas construidas, fomentadas o adquiridas por el Estado y las que en el futuro construya, fomente o adquiera.

Las otras formas de propiedad reconocidas constitucionalmente son la propiedad de las organizaciones políticas, sociales y de masas sobre los bienes destinados al cumplimiento de sus fines; la propiedad de los agricultores pequeños sobre sus tierras y otros medios e instrumentos de producción; la propiedad de las cooperativas de producción agropecuaria y la propiedad personal sobre los ingresos y ahorros provenientes del trabajo propio, sobre la vivienda y los demás bienes que sirven para la satisfacción de las necesidades materiales y culturales de las personas.

ENMIENDAS REALIZADAS EN 1992
Una de las medidas de orden económico tomadas por el Gobierno ante la crisis evidenciada a raíz de la caída del campo socialista fue estimular las inversiones extranjeras, lo cual estaba reñido con la Constitución vigente que establecía que la “propiedad estatal socialista” era irreversible, por lo que no podía otorgarse en propiedad a otra persona tanto nacional como extranjera. Evidentemente, este precepto requería ser modificado por lo que se dispuso que se añadiera al artículo 15 – después de la relación de los bienes que integran la propiedad estatal socialista – lo siguiente: “no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas salvo los casos excepcionales en que la transmisión parcial o total de algún objetivo económico se destine a los fines del desarrollo del país y no afecten los fundamentos políticos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o adquiridos por el Estado y los que en el futuro construya, fomente o adquiera”.

Esta modificación dio cobertura constitucional para que en la nueva Ley de Inversiones Extranjeras promulgada en 1995 pudiera preverse legalmente la posibilidad de inversiones totalmente extranjeras. En la primera norma en esta materia, el Decreto Ley Nº 50 de 1982, esta posibilidad también existía, pero se contradecía con lo previsto en la Constitución.

Otra modificación fue la del artículo 14, que establecía la propiedad socialista sobre los medios de producción disponiéndose ahora la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción, lo que permitiría la existencia de un sector no estatal en la economía. Ello dio la sensación, en el extranjero, de que produciría una “apertura” en Cuba que repercutiría una mejora de la situación económica y política del país.

Sin embargo, para el pueblo cubano está claro que esta mejoría no se hizo sentir, la economía siguió y sigue estando centralizada por el Gobierno y que los pequeños focos de economía de mercado se autorizan en tanto sirvan para garantizar la vida del sistema.

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