Julián, rata gobernando, arrastrado en la derrota

CANCÚN.— Julián Ricalde, quien aspiraba a gobernar por segunda ocasión Benito Juárez, pese a que su primera administración fue un verdadero desastre, insiste en impugnar la elección del pasado 5 de julio, en la que fue arrasado totalmente por el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, Remberto Estrada.

Ricalde1Luego de que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) entregó la constancia de mayoría a Remberto Estrada, candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, que lo acredita como presidente municipal electo de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, candidato de la coalición PAN-PRD, confirmó que impugnará argumentando una masiva compra de votos mediante la entrega de despensas por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo cual, afirma, está debidamente documentado.

Pocos días después de la elección Ricalde Magaña había declarado que “impugnaremos porque no estamos de acuerdo en que las elecciones sean determinadas por condicionamiento por hambre del voto de las despensas, o por la compra de votos indiscriminada por el PVEM y el PRI, amén de la violencia orquestada por parte del gobierno del Estado y el gobierno municipal para influir en la votación”, al tiempo que pidió a los benitojuarenses compartir testimonios fílmicos para evidenciar la compra de votos.

La impugnación será presentada primero ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), pero si no hay respuesta en esa instancia acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El ex alcalde afirmó durante un programa de radio transmitido este lunes en la mañana que “la elección se vino comprando desde hace años y no podemos permitir y tener un gobierno absolutamente ilegítimo”.

De acuerdo con el conteo final, Remberto Estrada obtuvo 96 mil 704 votos contra alrededor de 57 mil 344 votos de Julián Ricalde.

Historial de endeudamiento
Sin duda Julián Ricalde nunca tomó en cuenta que los benitojuarenses le pasarían factura tres años después a su desastroso gobierno municipal, tras cuya gestión Benito Juárez registró el incremento de la deuda a largo plazo a más de 1, 999 millones de pesos.

En 2013, al tomar posesión la presente administración municipal, se detectó que por omisión de la autoridad anterior, Benito Juárez perdió recursos federales de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos que suman 57 millones 429 mil 247 pesos que pudieron haber sido ejercidos entre agosto y diciembre de este año; y otros 25 millones de pesos más del Fondo Metropolitano, que al no haber sido integrados los proyectos no se realizó el saneamiento del antiguo relleno sanitario, ni la adquisición de equipamiento para el Centro de Manejo de Residuos Sólidos, como tampoco la segunda fase de la construcción de este mismo.

En materia de recursos federales, se detectó un desvío del Ramo 33 y del Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (Subsemun) por 5 millones 712 mil 510.19 pesos, que fueron utilizados indebidamente para la compra de útiles escolares gratuitos.

Además, el fraude en préstamos otorgados a empleados municipales, por 11 millones 800 mil 002.10 pesos con las empresas Prestaciones FINMART S.A. de C.V., MetLife México, Deutsche Bank México y Deutsche Bank México (Causopago), pese a que en nómina se le descontó puntualmente a los trabajadores, pero nunca se reportó a las empresas y por ende, les causó un daño patrimonial y negativa calificación crediticia a ellos.

La administración de Ricalde dejó de pagar un total de 63 millones de pesos a las tres concesionarias del servicio de recolección diaria de los residuos sólidos en la ciudad, que son Ecolimpia, Setasa y SAN, lo que derivó un detrimento en dicha prestación.

También se detectó en 2013 la adquisición ficticia de material eléctrico para alumbrado público como transformadores, cables, balastros, luminarias, entre otros, por 9 millones 726 mil 627.44 pesos, que nunca fueron reportados en existencia.

Y por si fuera poco, cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por más de 20 millones de pesos; diferencias en el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de los ejercicios desde el 2010, por 16 millones de pesos; retención del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) por sueldos y salarios, por 88 millones de pesos; finiquitos y liquidaciones pendientes, por 2 millones de pesos; y demandas laborales en proceso, por 107 millones, que sumados a la deuda de proveedores, resultaron en más de 667 millones de pesos de adeudo a corto plazo.

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