Priistas se dicen a favor del Estado de Derecho y contra la corrupción

priistaCHETUMAL.— El PRI es el partido de la legalidad y sus diputados en la XV Legislatura así se conducen, con transparencia en su actuar y rindiendo cuentas de cara a la ciudadanía, respaldando todo aquello que sea para robustecer el Estado de Derecho en Quintana Roo y votando en contra de aquellos acuerdos – que bajo tintes políticos electoreros- trastocan la ley.

En la segunda sesión del primer mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la XV Legislatura del H. Congreso del Estado, celebrada el jueves 16 de febrero, los diputados priistas votaron en contra de un acuerdo, que pretende aplicar la Ley de manera retroactiva, instruyendo al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, revise la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo del ejercicio fiscal 2015.
Los diputados Candy Ayuso Achach, Jenny Juárez Trujillo y José Luis González Mendoza, votaron en contra de dicho acuerdo, ya que violenta el Estado de Derecho en Quintana Roo y trastoca el orden institucional, pues la ley indica que la legislatura en turno revisará, analizará y en su caso aprobará las cuentas públicas del gobierno del estado de año anterior, acción que hizo en tiempo y forma la XIV Legislatura.
El PRI busca que prevalezca el Estado de Derecho y el irrestricto cumplimiento de la ley en el Poder Legislativo y evitar – ya que así lo exige la sociedad- que se le pretenda utilizar como brazo ejecutor para asuntos políticos.
Los diputados priistas señalaron que apoyan y respaldan toda acción encaminada al combate a la corrupción, siempre y cuando los procedimientos, puntos de acuerdo e iniciativas, se apeguen totalmente a la ley, sin interpretaciones a modo o como un asunto mediático, ya que la sociedad quintanarroense precisamente está cansada del oportunismo político.
Los diputados priistas en la XV Legislatura demandan la transparencia en todos y cada uno de los asuntos que se ventilan en el Poder Legislativo, como por ejemplo, transparentar las empresas beneficiadas en el asunto de la modernización del proceso legislativo con la utilización de tecnología de punta, como el voto electrónico, los micrófonos en los curules y la transmisión en vivo de las sesiones y reuniones de las respectivas comisiones.

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