La Economía como en el ojo del huracán

N. Mario Rizzo M.

(Corresponsal de UNQR para el Caribe)

De izquierda a derecha: Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente del Consejo de Estado; Gladys M. Bejerano Portela, Contralora General de la República de Cuba; Abel Prieto Jiménez, Ministro de Cultura; y Dulce María Iglesias, Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública (SNTAP), participan en el Balance de trabajo anual 2016 del Sistema Nacional de Auditoría, en la sede de la Contraloría General, en La Habana, el 24 de marzo de 2017. ACN FOTO/Diana Inés RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ/sdl

LA HABANA.— En los últimos días la prensa cubana ha destacado de manera insistente las dificultades económicas y financieras que afectan a este país.

Un reciente informe presentado por Gladys BejeranoPortela, Contralora General de la República, quien además ocupa importantes cargos en el Consejo de Estado y el Partido Comunista de Cuba, puso sobre el tapete las “irregularidades” detectadas en 2016 por el Sistema Nacional de Auditoría.

De acuerdo a dicho informe el 24% de las 4 350 auditorías realizadas arrojaron calificaciones de Deficiente o Mal puesto que por el inadecuado funcionamiento de las empresas y otras entidades auditadas los daños económicos al patrimonio público superaba los 3 000 millones de pesos, equivalentes aproximadamente al 5% del PIB del país.

Durante las auditorías se detectaron 194 hechos presumiblemente delictivos por los cuales se han iniciado hasta ahora 678 procesos penales, y que obligaron a tomar de inmediato 5 685 medidas disciplinarias, de las cuales unas 2 500 corresponden a directivos y ejecutivos. De inmediato fueron sancionados 185 funcionarios y dirigentes por la responsabilidad colateral al permitir tales hechos.

Sin embargo, a pesar de lo grave que puede parecer la situación, el 57% de los inculpados sólo fueron “amonestados”, un 16% recibió multas y sólo el 11% fue separado del cargo, última sanción esta que popularmente es conocida como “plan pijama” pues los sancionados permanecen en sus casas a la espera de nuevas ubicaciones, que según creencia generalizada significa que sea ubicados posteriormente en cargos de igual o mayor responsabilidad.

Estos controles y auditorías se realizan sólo a Empresas y otras entidades, no a los organismos centrales, los cuales tienen entre sus funciones controlar permanentemente a los subordinados y evitar se produzcan “violaciones de lo establecido”.

Los daños se centran en incumplimiento injustificado de los planes económicos, faltas en cuanto a las obligaciones tributarias, no aportar lo correspondiente al presupuesto del estado, descontrol de las cuentas por cobrar y pagar, mala operación de inventarios, gastos por faltantes y pérdida de bienes.

Por su parte el minúsculo sector no estatal provocó daños por un monto de 38 millones de pesos por incumplimiento de contratos o de las obligaciones tributarias.

Al participar de la reunión donde estas informaciones fueron hechas públicas, Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del PCC y Vicepresidente del Consejo de Estado señaló “que tales fenómenos no sólo tienen una negativa repercusión económica, sino que el mayor daño es de orden social, político y en los valores de la sociedad socialista”

Simultáneamente los sindicatos han puesto su mirada sobre los pobres resultados obtenidos con las medidas tomadas para establecer las formas y sistemas de pago por resultados en el sector empresarial.

La muy promovida Resolución 6 del pasado año, emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debió superar deficiencias de normas anteriores destinadas a elevar la producción y la productividad mediante mayores ingresos a los trabajadores. Sin embargo, según analistas del movimiento sindical, los empresarios han encontrado vías para elevar salarios sin un verdadero respaldo productivo.

Como si lo anterior no fuera suficiente, los empleados de las entidades presupuestadas, no incluidos en los beneficios de la legislación que vincula salario con resultados, han comenzado a elevar sus voces reclamando recibir de alguna manera mejoras salariales. Así quedó recogido en las asambleas de afiliados de los Trabajadores de la Administración Pública y fue debatido en su Comité Nacional, donde una de sus integrantes concretó la preocupación alegando que 2ª las entidades presupuestadas también hay que atenderlas y buscarle soluciones, no sé cómo pero es necesario… los bajos salarios traen consigo una gran fluctuación en los organismos rectores de la política económica del país”.

Tanto es así lo anterior que la propia Contraloría de la República expuso en su informe ya citado al inicio las dificultades que confrontó para realizar los controles previstos por la falta de personal calificado para hacerlo.

Sin dudas la prensa nacional ha comenzado a participar más activamente en la divulgación y análisis de problemas que son vitales, quizás no tanto como algunos reporteros internacionales que van mucho más allá, como en el caso de la pérdida de cientos de toneladas de tomates en Guantánamo, lo que motivó a uno de ellos a escribir:

El ingeniero agrónomo Fernando Funes asegura que, cada año, se pierde en Cuba el 50% de lo cosechado por malos sistemas de recolección, falta de sitios de almacenaje, incapacidad de procesar los productos, deficientes sistemas de transporte y una pésima distribución.

Un dirigente de la ANAP me dijo que habían solucionado el problema de los alimentos que se pudren cuando nadie los distribuye. Obligan a los campesinos a tomar un seguro que les paga todo lo que se pierde. Botan el sofá sin resolver el problema esencial.

A la burocracia agrícola no le preocupa que se pierdan decenas de toneladas de tomate, les da igual que el país desembolse cada año 2000 millones de dólares en alimentos o que el cubano de a pie deba gastar más de lo que gana para llevar la comida a su hogar.

Tampoco parecen tener en cuenta que la agricultura consume el 60% del agua en medio de la sequía que vive Cuba. ¿Cuánta se desperdicia regando tomates que se pudren en los campos de Guantánamo y los demás productos que se pierden a lo largo de toda la isla?

Los costos por la “falta de previsión” de la burocracia agraria no quedan ahí. Ahora, cuando se busca ahorrar combustible en todos los sectores, deberíamos calcular también cuanto petróleo se importó para impulsar el agua con la que se regó inútilmente esos campos”.

El propio reportero compara esta ineficiencia con otras acciones desarrolladas por diferentes entidades nacionales y comenta:

Durante décadas han dado diferentes justificaciones para las malas cosechas, en general eran culpa del tiempo, de la sequía o del exceso de lluvias. Ahora se han superado, culpan al buen tiempo y explican que “subestimaron los rendimientos a alcanzar en esta cosecha”.

¿Cómo se explica que a Cuba no la “sorprenda” nunca un ciclón y que sea incapaz de prever una buena cosecha? Es sencillo, la Defensa Civil no deja nada al azar, se prepara para enfrentar cualquiera de las variantes y utiliza todos los recursos que sean necesarios, por eso salva vidas”.

De lo que sí no hay dudas es de que la economía cubana está siendo observada como si fuera el ojo de un huracán; tampoco de que no corresponde a la prensa resolver desaciertos y entuertos, pero sí exponer hechos, ofrecer criterios fundamentados, ir al más profundo análisis no para criticar por sí sino para mostrar posibles caminos que permitan evitar las pérdidas de un huracán no meteorológico.

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