Los Borge y el saqueo de Quintana Roo

CHETUMAL.— Roberto Borge Angulo y su séquito de ex funcionarios, que ahora se encuentran en el banquillo de los acusados, con denuncias en la PGR y la Fiscalía General de Quintana Roo, se convirtieron en especialistas en un maquiavélico rubro: el saqueo del patrimonio estatal, pero el ex gobernador tuvo sin duda un buen mentor en estos asuntos, su tío y también ex gobernador Miguel Borge Martín, quien se caracterizó por reprimir en su tiempo a la prensa crítica.

Ahora el Congreso del Estado y la Auditoria Superior de Quintana Roo están tratando de componer los males que dejó el borgismo, pues el ex mandatario estatal metió la mano en todo lo que pudo para beneficiarse él mismo, a sus familiares y a sus más cercanos colaboradores.

Roberto Borge Angulo es sobrino de Miguel Borge Martín, que gobernó Quintana Roo entre 1987 y 1993, quien mantuvo una confrontación permanente con articulistas y líderes de opinión, de donde seguramente le viene el autoritarismo y la represión.

Borge Angulo estudió administración en el Tecnológico de Monterrey y comenzó su carrera política en Quintana Roo de la mano de su mentor Félix González Canto, quien vio en el joven al candidato idóneo para continuar dominando la escena política tras bambalinas.

En la histórica disputa entre priistas en Quintana Roo ha habido dos grupos enfrentados, el de los “cozumeleños” y el de los “chetumaleños”, aunque estos últimos han sido desplazados desde que González Canto obtuvo la gubernatura.

El grupo Cozumel está considerado como un clan empresarial, que ha poseído el negocio de las navieras desde la década de los 80 cuando varios comerciantes cozumeleños, encabezados por Lenin Matías González Padrón, padre de Félix González Canto, y Roberto Borge Martín, progenitor de Borge Angulo, quienes se unieron para fundar “Naviera Turística de Quintana Roo SA de CV”.

Pero ese grupo del borgismo, que representa la falta de ética y saqueo del estado y que parecía sólido se está rompiendo a raíz las denuncias en contra de sus integrantes, ex funcionarios, presidentes municipales y hasta el ex vocero Rangel Rosado Ruiz, quien fue pieza clave en el control de medios y represión en contra de periodistas críticos, muchas veces en forma desprestigio. Desde la oficina de la Unidad del Vocero se daba orientación a los equipos de campaña de los candidatos oficialistas, la “línea” a los medios de comunicación aliados y la guerra sucia contra los principales adversarios de la alianza PRI-PVEM.

Ahora, sin el manto protector con el que operaron, cada uno está tratando de salvar su pellejo como puede.

Pero en su época de esplendor Borge y sus secuaces, sin ninguna ética ni moral, hipotecaron el estado. Uno más de los muchos casos de venta de terrenos revelados en estos días es el del Jardín botánico de Puerto Morelos, creado en 1982 en tiempos del ex gobernador Pedro Joaquín Coldwell.

Se trata de un importante espacio natural, cuya superficie original era de 65 hectáreas que albergan la última área de vegetación de selva original con especies de flora y fauna representativas de la región, sin embargo Borge Angulo no tuvo empacho en vender 36 de las 65 hectáreas a un particular, presumiblemente de forma ilegal.

El Movimiento Voces Unidas por Puerto Morelos y organizaciones civiles solicitaron al director del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Mario González Espinoza, abrir una investigación y recobrar los terrenos enajenados.

La petición es respaldada por organizaciones civiles como Flora, Fauna y Cultura de México, la Casa de la Cultura de Puerto Morelos, Onca Maya, Manatus México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Alma Verde, Amigos de Sian Ka’an (ASK), Ombligo Verde y Centinelas del Agua.

Uno de los personajes del borgismo, Juan Pablo Guillermo, ex titular de la Secretaría de Finanzas, se encuentra a las puertas de un juicio político en el Congreso del Estado, donde la Comisión de Justicia determinó que sí hay elementos para proceder en contra, con lo que se da cumplimiento a la resolución del juez sexto de Distrito, quien ordenó la reposición del procedimiento.

El acuerdo será puesto a consideración del pleno seguramente en la siguiente sesión y, de aprobarse, se avanzará en la integración de la Comisión Instructora, la cual deberá revisar este caso, escuchar a las partes y emitir un dictamen con el que se concluya si existen elementos suficientes para el juicio político, que deberá ser también revisado y discutido en el pleno del Congreso del Estado.

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