Aumenta la inseguridad, pero no disminuye la inversión

CANCÚN.— Alrededor del 53 por ciento de los empresarios afiliados a Coparmex en Cancún ha sido objeto de al menos un robo en sus negocios, según revela una encuesta sobre seguridad aplicada por la patronal entre sus asociados, y difundida este miércoles.

Adrián López Sánchez, presidente y Francisco Dzib Flores, vicepresidente del sindicato empresarial, leyeron un documento con los resultados preliminares, en el que también se puede leer que el 93 por ciento de los incidentes no han sido reportados a las autoridades, y en el caso de las denuncias interpuestas el 95 por ciento han quedado impunes.

Otros resultados señalan que el 69 por ciento de quienes respondieron la encuesta dicen no haber visto frenada la inversión en la ciudad por motivos de inseguridad, y al menos el 30 por ciento han invertido alrededor de ese mismo porcentaje en mejorar sus esquemas de seguridad para no ser presa de la delincuencia.

Los gastos más recurrentes para un negocio en materia de seguridad son la contratación de personal de vigilancia y la adquisición de cámaras de seguridad para implementar un circuito cerrado.

Del buzón de quejas y sugerencias de la Coparmex rescataron observaciones relacionadas con la falta de coordinación para la seguridad de los tres niveles de gobierno. Los empresarios también consideran que las acciones para frenar la delincuencia han sido mal diseñadas y mal aplicadas.

La impunidad como estrategia de la delincuencia juega un factor determinante para los asociados en tanto que la consideran una de sus armas más importantes para evadir la acción de la justicia en el estado.

A partir de la encuesta es que tanto López Sánchez como Dzib Flores concluyen que si bien las inversiones no han dejado de llegar ni han huido de la entidad, lo cierto es que, si han perdido competitividad por inseguridad y por sobre regulación.

La combinación de gastos antes no contemplados en sus presupuestos anuales y el cumplimiento de entre 60 y 130 trámites, ante los tres entes de gobierno, han cobrado la factura a sus negocios pues los distraen de dedicar tiempo a la mejora en la calidad de sus servicios y/o productos.

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