Líder del Congreso evade dar información; emplea métodos borgistas

CHETUMAL.— Transparencia, claridad, son palabras que no están en el vocabulario de Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, quien ha hecho caso omiso a la petición de dar a conocer la información detallada de la inversión del equipo electrónico con el que se equipó el recinto legislativo, cuya adquisición se dio a conocer con bombo y platillo para modernizar el sistema interno de comunicación.

Pese a que en febrero pasado se anunció que se invertirían 4.2 millones de pesos en equipo electrónico, la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado recibió una solicitud ciudadana para que el legislador panista informara detalladamente sobre los recursos utilizados, sin embargo hasta ahora Martínez Arcila no se ha tomado la molestia de responder a dicha petición.

El material que se compró para la modernización del recinto consta de pantallas planas, sistema de audio con micrófonos para las intervenciones de los diputados, tabletas electrónicas para cada uno de ellos, todo esto con cargo al presupuesto del Congreso, y por ende, al erario público que proviene de los impuestos de los ciudadanos. Es por ello que es necesario transparentar el destino de los recursos.

El oficio en cuestión fue dirigido al presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila. Y por la opacidad y falta de transparencia del panista pesa sobre la legislatura una sanción administrativa, que podría ser una amonestación pública o una multa con más de mil salarios mínimos vigentes.

Martínez Arcila está obligado a entregar la información requerida a través de la Unidad de Transparencia, pues con su actuar ex dirigente blanquiazul se ha convertido en lo que criticó del borgismo, en cuyo gobierno se hicieron todo tipo de tratos en lo “oscurito”, como fueron los últimos nombramientos que se dieron en el llamado “paquete de impunidad”, que buscaba dar protección a posteriori a Roberto Borge y a todo su grupo de incondicionales que se vieron beneficiados durante la pasada administración.

En el cuestionario en el que se pide información se cuestiona cuánto costó el equipo, marca y características, cómo fue adquirido, y si hubo licitación o asignación directa. De acuerdo a la Ley de Servidores Públicos y Transparencia, Eduardo Martínez Arcila está obligado a entregar la información.

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