Detectan a notarías y despachos de abogados cómplices del borgismo

CANCÚN.— La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo detectó la complicidad de cuatro notarías públicas y seis despachos de abogados en la integración apócrifa de expedientes de demandas laborales.

La titular de la dependencia, Catalina Portillo Navarro, desveló el modus operandi de la corrupción en las juntas de Conciliación y Arbitraje durante la administración de Roberto Borge Angulo al señalar que usaban expedientes de demandas anteriores a la reforma laboral por salarios caídos​, por ejemplo, y sustituían los nombres de los trabajadores y de las empresas para integrar un laudo fastrack.

En ningún caso hubo notificación alguna a los demandados, quienes solo se enteraron que habían perdido un juicio laboral cuando se les incautaron bienes inmuebles y les congelaron cuentas bancarias para pagar a sus supuestos trabajadores.

Tras la revisión de los expedientes descubrieron que incluso inventaron los nombres de los trabajadores y presentaron credenciales de elector apócrifas con el fin de cobrar cantidades millonarias. “Cuando nosotros le requerimos al INE que nos diera la dirección uno de los trabajadores involucrados en una demanda nos contestó que la credencial no existía y desde luego el domicilio tampoco”, comentó.

En este caso la dependencia a cargo de Portillo Navarro pedirá a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el nombre de la persona que cambió el cheque “sabemos que alguien lo hizo y queremos saber quién”, agregó.

En otros casos el trabajador sí existía pero no era empleado de la empresa a la que demandó y no obstante eso, algunos recibieron cheques por fuertes cantidades de dinero “unos días después de que nosotros tomamos posesión de las oficinas logramos impedir la entrega de un cheque por 5 millones de pesos después de un juicio con irregularidades”, añadió. En este particular, agregó, la justicia ya está requiriendo al trabajador que devuelva el dinero que le fue inapropiadamente entregado.

En conferencia de prensa la secretaria del trabajo hizo referencia al expediente por el que el SAT les requirió información tras descubrir que las declaraciones de impuestos que hizo una empresa, y que incluían los resultados de un juicio laboral, eran falsas.

Si bien en la dependencia no hay una cifra oficial sobre el quebrando a empresas, derivado de procedimientos ilegales, lo cierto es que la funcionaria estima el monto reclamado fue de alrededor de 50 millones de pesos.

Catalina Portillo declinó proporcionar los nombres de las notarías y los despachos de abogados que estuvieron involucrados. Tampoco aclaró si el ex secretario del trabajo, Patricio de la Peña, participó de manera directa en alguno de estos juicios ilegales.

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