Trámites engorrosos y pagos por derechos “ahogan” a empresarios

CANCÚN.— Luego de ocho meses de administración municipal y por primera vez en años, un grupo de líderes camarales pudieron decir a funcionarios de Benito Juárez que no les gusta hacer 60 trámites para abrir un negocio y pagar miles de pesos al año en derechos para mantenerlo abierto.

Los empresarios fueron convocados por el nuevo secretario de Gobierno, Guillermo Brahms González, a una reunión en la que escuchó de los representantes del sector: náutico, inmobiliario, contable, comercial e industrial, que pagar 52 mil pesos por una anuencia de Protección Civil en una plaza comercial es injustificable, sobre todo si el año pasado costaba 12 mil pesos.

No fue el único reclamo, los industriales de la masa y la tortilla comentaron en voz de Pío Quinto Hernández, su líder, que pagar por una renovación de uso de suelo, cuando el uso de un predio sigue siendo el mismo, es innecesario y sólo abona a la sobreregulación.

De hecho, el exceso de regulación y el disparado precio del pago de derechos fue la coincidencia que encontraron los empresarios en un encuentro del que salieron muy motivados por la disposición de la autoridad municipal para escucharlos.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de la Asociación de Plazas Comerciales del Sureste, por ejemplo, acusó la falta de criterio para el establecimiento de multas porque una de 10 salarios mínimos puede elevarse a 100 salarios mínimos de un día para otro, dependiendo del inspector en turno y de su ánimo.

Sentados a la misma mesa encontraron otra coincidencia en que la licencia de funcionamiento se pueda renovar sin mayor trámite en caso de que el giro siga siendo el mismo, en lugar de ser obligados a hacer el trámite cada año- y a pagar los correspondientes derechos- como cuando el comerciante se dio de alta en el padrón municipal.

El cobro de derechos sin motivo, a decir de Galaviz Ibarra, acarrea consecuencias más allá de las que aplica para el negocio. Se trata de que las malas prácticas fiscales se corren como mala noticia al punto que inhiben la inversión y promueven la clandestinidad comercial.

Del resultado de la junta los empresarios también quedaron satisfechos. Por lo pronto, la figura del deudor solidario- aquella en la que el Ayuntamiento cobra los adeudos de sus inquilinos al propietario de un comercio- seguirá congelada aunque sigue existiendo en el papel.

Las partes acordaron encontrarse nuevamente en 15 días para conocer la respuesta de las autoridades a sus planteamientos, y en base a ello establecer una agenda de trabajo, que la iniciativa privada espera derive en hacer reformas a los reglamentos y que la ventanilla única de trámites sea más eficiente y sea realmente una ventanilla única.

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