Sistema Estatal Anticorrupción sin compromisos políticos, exige Coparmex

CANCÚN.— La iniciativa privada en Cancún anuncia por adelantado que por ningún motivo van a aceptar que los ciudadanos que estarán al frente del Comité de Participación Ciudadana, y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo sean nombrados por el gobierno de Carlos Joaquín González o que surjan como resultado del reparto de cuotas partidistas, como se pretende en algunos estados que aún no han aprobado su Ley Estatal del Sistema Anticorrupción.

Al leer el manifiesto de la patronal nacional sobre el proceso de transparencia en los estados de la República, Adrián López Sánchez, presidente de la Coparmex en Cancún, aprovechó para aclarar que en este momento la prioridad es tener en la Fiscalía Anticorrupción local y el Comité Ciudadano a los mejores hombres y mujeres, íntegros, independientes, imparciales, y ajenos a cualquier conflicto de interés, que sean implacables contra todo acto relacionado con la corrupción.

En concordancia, exigen que los comités de participación ciudadana sean nombrados por un comité de selección ciudadano, como se hizo en el ámbito federal y no por los congresos de los estados como se pretende en algunas entidades del país.

Coparmex Cancún, anticipó, sumará fuerzas con Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, organismos sociales locales, universidades y con legisladores con el fin de realizar un esfuerzo colectivo para tener a tiempo el entramado del Sistema Estatal Anticorrupción en la entidad y en el resto del país para que queden conformados los cuerpos de ciudadanos que son el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción.

En conferencia de prensa comentó que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción implica un cambio en el modelo y en los estándares de actuación de los actores políticos, pasando de una forma de hacer política pública de manera cerrada, en función de intereses partidistas, a otra abierta en la que la sociedad civil es actora, parte central y no solamente observadora.

Para ser congruentes con esta idea es que piden a los Congresos estatales aprobar en tiempo y forma las leyes para dar vigencia a los sistemas locales anticorrupción, respetando la esencia de los filtros y amortiguadores ciudadanos que son la única garantía de que se acabará con la discrecionalidad y de que se impondrá la fuerza de la acción institucional para que se denuncie, se procese y se sancione todo acto de corrupción.

También hizo notar que está pendiente asegurar el marco legal para que las Entidades Estatales de Fiscalización tengan las facultades y condiciones de autonomía conforme a la Ley Modelo para que funcionen adecuadamente.

Sin estos elementos, advierte, seguirá siendo difícil que los estados apliquen las normas de estandarización que dicta la ley de Contabilidad Gubernamental.

En este proceso califican como urgente reducir los márgenes de discrecionalidad y aumentar el grado de control en el ejercicio del gasto público en las entidades federativas, precisamente donde se dan más observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y que no son atendidas, y donde por consecuencia se presentan más casos de corrupción.

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