Los borgistas: el saqueo institucionalizado

Roberto Borge Angulo

CANCÚN.— Poco más de ocho meses anduvo Roberto Borge Angulo prácticamente “a salto de mata”, desde la última aparición pública que hizo antes de dejar el poder, cuando inauguró el Auditorio del Bienestar; tras de sí dejó una larga estela de corrupción y saqueo a los recursos y al patrimonio de Quintana Roo, en el cual participaron prácticamente todos los funcionarios de su gobierno, presidentes municipales afines, incondicionales de su círculo cercano y familiares. Su suerte se le terminó en la ciudad de Panamá, cuando intentaba volar hacia París, intentando seguir huyendo de la justicia mexicana.

Hacia el final de la gestión de Borge Angulo, el Servicio de Administración Tributaria inició una investigación sobre el manejo de las finanzas del estado y fue el 24 de febrero de este año cuando la PGR inició la investigación contra el exgobernador.

Entre las acusaciones destaca haber elevado el endeudamiento de su estado por más de 22 mil millones de pesos.

Una de las vertientes de la acusación es la venta de 24 inmuebles del gobierno de Quintana Roo a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del círculo cercano a Roberto Borge y sus familiares.

Se trata de terrenos de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel, rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE (en la gestión de Romanillos y Herrera) y que tienen un valor comercial de 5 mil millones de pesos, según la PGR.

Diez de los inmuebles no eran susceptibles de venta por tratarse de reservas naturales, y otros cuatro fueron adquiridos por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador, quien no fue consignada en este expediente.

El 24 de febrero, la SEIDO aseguró los bienes, que quedaron a disposición del Ministerio Público federal.

Otro aspecto del lavado que se imputa a Borge y sus presuntos prestanombres es la inyección de recursos a la naviera “Barcos Caribe”, que opera una flota de ferris de pasajeros entre Cozumel y Playa del Carmen.

La empresa la administran Pinelo Nieto y González Hermosillo, quienes, para las autoridades, no tienen capacidad económica ni los antecedentes en el giro para justificar inversiones de millones de dólares en la compra de embarcaciones.

El titular de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, reveló la existencia de una nueva denuncia por el desvío de mil 800 millones de pesos que, dijo, fueron transferidos de manera extraordinaria desde la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el ejercicio fiscal del 2016, en el último tramo de la administración de Roberto Borge Angulo.

Se trata de entregas adicionales al presupuesto anual que le era asignado a la Sedaru, las cuales se diluían a través de supuestos programas de apoyo al campo quintanarroense.

Mediante este esquema, pudieron desviarse hasta 5 mil millones de pesos entre el 2013 y el 2016, aunque aún resta por aplicar las correspondientes auditorías a los años 2013 y 2014.

Antes de ser detenido Roberto Borge Angulo fue visto en Guatemala, donde de acuerdo a reportes periodísticos recibió la visita de sus hijos antes de continuar huyendo. De acuerdo a la PGR, su periplo lo llevó a sitios como Cuba, Miami, Barcelona y Bahamas, antes de ser detenido en la ciudad de Panamá.

En la mira

Pero no solo Borge Angulo está en la mira. Juan Pablo Guillermo, ex tesorero del ex mandatario, quien actualmente enfrenta una solicitud de juicio político en el Congreso estatal. Está acusado de presunto desvío de mil 464 millones 604 pesos provenientes del impuesto al hospedaje, que dejaron de entregarse a los cuatro fideicomisos de promoción turística estatales durante los dos últimos años del gobierno borgista.

Otro de los hombres fuertes del borgismo fue Rangel Rosado Ruiz, el otrora todopoderoso vocero, quien manejó a discreción todos los fondos secretos para compra de conciencias en Quintana Roo, además de las dos oficinas secretas que mantuvo en Chetumal y Cancún, con fuertes presupuestos manejados de forma unipersonal.

Especializado en ejecutar “guerra sucia” contra medios y periodistas críticos y que por lo mismo eran molestos a la administración borgista, no tuvo empacho en publicar periódicos apócrifos, apoyado por Eduardo Ochoa del Río, ejecutor de su material apócrifo. En el último año de administración de su jefe manejó un presupuesto superior a los 300 millones de pesos al mes, desviados en su mayor parte a negocios personales de él y de Borge.

En el verano de 2016, tras perder las elecciones estatales, Rangel Rosado adquirió una rotativa, ubicada en avenida Talleres, con la que esperaba abrir un periódico con el fin de hacer presión para evitar que fueran investigados todos sus desvíos, pues el ex líder del Frente Juvenil priista fue también beneficiado con terrenos y propiedades.

Pero no sólo ex colaboradores y funcionarios están implicados en las tropelías de Borge, también presidentes municipales, uno de los principales fue Mauricio Góngora Escalante, quien no pudo cumplir el sueño felixista de ser impuesto también como gobernador de Quintana Roo, con quien Borge Angulo se aseguraría que le cuidarían las espaldas por el desfalco causado al estado.

Góngora Escalante fue recaudador de rentas del estado en Playa del Carmen y luego secretario general del municipio de Solidaridad. Procedente de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, donde cometió fraude pero fue salvado de la cárcel por Félix González Canto y Roberto Borge, quienes encubrieron este delito al hacer desaparecer el expediente, participó también en los desvíos de Borge y al igual que muchos incrementó su patrimonio personal.

Extradición

La entrega del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, a autoridades mexicanas puede tardar menos de 24 horas o incluso aplazarse hasta 60 días, según la situación migratoria del exfuncionario al momento de ser detenido.

Si Borge ingresó a Panamá con documentos falsos, su deportación se puede llevar a cabo en cualquier momento, ya que no se requiere ninguna petición de las autoridades mexicanas. Sin embargo, si el exfuncionario ingresó con documentos legales, su entrega se efectuará a través de la extradición, la cual debe ser solicitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de documentos en los que se acredite el o los motivos por los cuales debe ser juzgado en México.

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