Ofrece SSPQR disculpa pública a María Elena Meneses Loría

CHETUMAL.— La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, ofreció una disculpa pública a la abogada María Elena Meneses Loría y el reconocimiento de que los hechos cometidos en la anterior administración el 21 de noviembre de 2015, vulneraron sus derechos humanos.

Proteger la dignidad humana es prioridad en seguridad pública pues en este gobierno el respeto a las personas es parte de la práctica policial y se trabaja para elevar el nivel profesional de cada integrante de las corporaciones.

Como parte de ese compromiso, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, representada por el Comisionado de la Policía Estatal Preventiva, José Eliezer Varela Durán, ofreció una disculpa pública a la abogada María Elena Meneses Loría, quién aceptó la misma.

Ante la presencia del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén; la directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, Betina Aracely Teuly; así como familiares, público en general y medios de comunicación reunidos en la Sala de Presidentes, el Comisionado detalló que actualmente se tiene especial interés en la capacitación y especialización no sólo de los elementos sino también para el personal administrativo que permite elevar cada vez más la profesionalización de las corporaciones, con el firme objetivo de brindar mayor efectividad operativa con la garantía del respeto a los derechos de las personas.

La disculpa pública ofrecida este martes en Chetumal forma parte de la aceptación de la Recomendación 020 del 2016 emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo a la pasada administración municipal de Othón P. Blanco, derivada de hechos registrados el 21 de noviembre de 2015 en una tienda departamental en esta capital, cuando Meneses Loria fue detenida por agentes de la Policía Estatal Preventiva en un conocido supermercado por cometer supuestamente una falta administrativa, siendo trasladada a la Cárcel Pública Municipal y puesta a disposición del juez calificador, quien le impuso una multa de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), sin que previamente se le concediera a la víctima el derecho de defensa y no se respetara la presunción de su inocencia.

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