Leyes “antilavado”, un obstáculo para las Pymes

CANCÚN.— Cerrar el camino al lavado de dinero de la delincuencia organizada y la delincuencia común viene frenando la competitividad de las Pymes en México.

Las leyes antilavado, como comúnmente se les conoce, hicieron que autorizar el crédito a una empresa pasara de unos días a unos meses.

A la llamada de atención que hiciera el pasado martes el Centro Empresarial de Cancún, se suma ahora la de los comerciantes establecidos que advierten en la rigidez de la ley antilavado un obstáculo para el buen desempeño del sector privado.

Ahora es Rafael Ortega, vicepresidente de la Canaco, quien advierte que los en promedio dos meses que se tarda cualquier banco en autorizar una línea de crédito o simplemente en abrir una cuenta es un exceso de tiempo que pone en riesgo inversiones, empleos y competencia.

No serán los comerciantes quienes pidan una ley antilavado más laxa pero creen que debe haber una forma de agilizar el trámite para permitir a las empresas capitalizarse, desempeñarse y competir en el tiempo en que el mercado lo demande.

Un grupo de empresarios molestos por el tiempo que se toman los bancos en analizar sus solicitudes, se encontraron recientemente con la dirigencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para presentarle su problemática, y le arrancaron la promesa de darle seguimiento y verificarla con las instituciones bancarias.

Al tiempo que se tarda un banco en comprobar el origen del dinero de las Pymes, habrá que sumarle el tiempo que se lleva la Comuna en expedir una licencia de funcionamiento y que puede variar de los siete días a los dos meses en la presente administración, porque el registro de quejas en la administración de Paúl Carrillo era por un récord de hasta siete meses de retraso.

“Te cantaban el precio directamente. Te decían: su trámite no va a salir y le van a poner una multa” y mejor que pagaras lo antes posible porque si no te endosaban recargos, es decir, ellos mismos alargaban en trámite para multarte”, denunció Ortega.

Otra estrategia que empleaban era autorizar las licencias de funcionamiento el 27 de diciembre para que los comerciantes iniciaran el año debiendo dinero al Ayuntamiento y el procedimiento se repetía en prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento en todos los trámites.

Para acabar con esta práctica proponen a la autoridad municipal obtener una licencia de funcionamiento permanente que cada año se refrende.

Las quejas del sector privado por la sobre regulación y la corrupción se quedaban en los escritorios de los funcionarios hasta que fue creado el Consejo Estatal de Productividad, integrado por la iniciativa privada, el gobierno de Quintana Roo y la academia, que se reúne cada tanto para trabajar en desregular e incrementar la productividad en el estado.

En el marco de esas reuniones la cúpula empresarial ha planteado la necesidad de ser capacitados en las nuevas disposiciones del SAT y en la mejor forma de bajar recursos federales, por citar dos de los ejemplos de información de los que más adolecen.

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