Demandan celeridad en juicio político a Juan Pablo Guillermo

CANCÚN.— El Observatorio Legislativo demanda a la XV Legislatura de Quintana Roo dar celeridad al juicio político contra el ex secretario de finanzas de Roberto Borge Ángulo, Juan Pablo Guillermo Molina, implicado en el desfalco financiero del estado.

En un comunicado firmado a nombre del Observatorio, Eduardo Galaviz, su director, acusa que la denuncia interpuesta por la organización ciudadana “Somos tus Ojos” está siendo detenida bajo argumentos falaces que le están permitiendo ganar tiempo al demandado para buscar una nueva protección.

Galaviz apunta que aún siguen en la estructura de operación jurídica en el Congreso los mismos titulares del área jurídica de la XIV Legislatura que operaron el llamado “blindaje de impunidad”.

Entonces vemos que en las áreas de auditoría y del jurídico permanecen los mismos funcionarios. Se dice que hubo un cambio pero siguió igual. La barrera de impunidad continua en las bases de la organización”, sentencia.

En este último comunicado reiteran lo que han dicho en escritos y en persona: “que las acciones que se toman en el Congreso del Estado se están encaminando a una conducta pública de extensa difusión pero con una tendencia que se orienta a la simulación”.

Como el letargo en el juicio contra Guillermo han cuestionado el nombramiento del auditor superior, Manuel Palacio, en cuyo historial se puede leer que, a pesar de conocer las denuncias por malos manejos financieros de las instituciones públicas, por no perder su puesto – como lo expresó él mismo- no señaló las irregularidades en las cuentas del ex gobernador.

Denuncian que las acciones legales en curso contra los ex funcionarios en su gran parte están basadas en las denuncias que esta organización ciudadana ha interpuesto, sin tener la respuesta y respaldo de las actuales autoridades y en este caso del congreso.

Un dato adicional a esta cadena de informaciones a medias es lo que recientemente se aprobó en las reformas a la Constitución Política del Estado respecto al financiamiento de los partidos políticos que usará como medida el 65 por ciento del listado nominal.

Los diputados lo promovieron y festejaron como un gran avance democrático, pero Galaviz observa que esta medición solo se ajustó a lo expresado en la Constitución Federal y además entrara en vigor hasta el 2020, de acuerdo a lo establecido en el transitorio tercero del mismo decreto.

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