Presentan iniciativa de nueva Ley de Movilidad; daría aval a Uber

CHETUMAL.— Se presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa para la nueva Ley de Movilidad, que abrirá la puerta para autorizar y regular la prestación de servicio de mototaxis y por medio de plataformas digitales en todo el estado.

El diputado Fernando Zelaya Espinoza, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte de la XV Legislatura, quien presentó la propuesta, explicó que con la nueva ley se permitirá la operación de plataformas digitales como Uber, a condición de que éstas se registren en el estado, además que sus operadores cuenten con una licencia específica para esta modalidad de transporte, usen unidades de más de 3 mil UMAs (225 mil pesos), cuenten con seguro y otras condiciones.

Cada plataforma deberá tener un permiso expedido por el Instituto de Movilidad. El gobernador tendrá la facultad de otorgar las autorizaciones a las personas morales que cumplan con los requisitos, y la vigencia de la autorización será de diez años, con un refrendo anual ante el Instituto.

Las unidades de Uber tendrán prohibido cobrar en efectivo, con lo que el diputado panista afirmó que se garantiza que su servicio es distinto del que ofrecen los taxistas.

La propuesta incluye los siguientes puntos dentro del marco legal:

Todos los automóviles que circulen en el estado deberán contar con seguro de daños a terceros.

La Ley de Movilidad reconoce el servicio privado de transporte, servicio público de transporte, y el servicio de transporte contratado a través de plataformas digitales.

Éste último requerirá un permiso expedido por el Instituto de Movilidad.

El gobernador, tendrá la facultad de otorgar las autorizaciones a las personas morales que cumplan con los requisitos, y la vigencia de la autorización será de diez años y requerirá de un refrendo anual ante el Instituto.

La persona moral será la encargada de acreditar ante el instituto a sus conductores quienes, entre otras cosas, deberán: tener seguro vehicular amplio en favor del pasajero y contra daños a terceros; no haber sido dado de baja o suspendido de alguna otra empresa que medie la contratación del servicio de transporte; acreditar la residencia en el estado de por los menos dos años previos; y presentar carta de no antecedentes penales.

Otro aspecto es que contempla la vulnerabilidad de los usuarios, los perjuicios o beneficios que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad; a su vez reconoce el derecho a la movilidad, establece los principios rectores para garantizarlo, y un criterio jerárquico para asignar espacios, recursos y políticas públicas, entre los distintos usuarios.

Como órgano vigía se propone la creación del Instituto de Movilidad, que será el encargado de conducir la política de movilidad en el estado, las tareas administrativas y de infraestructura relacionadas con la materia.

Dicho instituto tendrá patrimonio propio, estará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable; y su órgano de gobierno -la junta-, será presidido por el secretario de Sedetus e integrado por los titulares de Segob, Sema, y Sefiplan, y el titular de OM.

El Instituto de Movilidad expedirá todas las licencias de conducir, así como los documentos para que los vehículos circulen, y deberá diseñar y ejecutar programas de capacitación permanente para quienes participan en las distintas modalidades de transporte. Así como constituir comités técnicos, disponer un centro de atención al usuario para la recepción de denuncias y solicitudes de información; emitir lineamientos, que atiendan a las necesidades de las diferentes modalidades no contempladas, y proceder a la revalidación o resello de los permisos otorgados por el Ejecutivo del estado.

A partir de la aprobación de esta Ley, se tendrá la obligación de contar a nivel estatal con un Programa Integral de Movilidad; un Programa Integral de Seguridad Vial, y Programas Específicos. Que coadyuven en los objetivos de esta norma.

Se elimina la facultad del gobernador de cancelar los permisos de servicio público autorizado y le limita la facultad de expedir concesiones, permisos o autorizaciones al dictamen previo del Instituto. También le impone al Titular del Ejecutivo la obligación de asumir un rol proactivo para definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad, seguridad vial, y la participación ciudadana para crear una cultura de movilidad.

Noticias de Quintana Roo

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