Ley de Movilidad generaría controversia en municipios: Observatorio Legislativo

Sandra Rodríguez

Eduardo Galaviz Ibarra

CANCÚN.— En el Observatorio Legislativo advierten que la iniciativa de Ley de Movilidad, que se discute ahora mismo en el Congreso de Quintana Roo, se atribuye facultades que no le corresponden, por lo que podría haber controversias con los municipios en el futuro.

Eduardo Galaviz Ibarra, director del Observatorio, hizo un resumen de sus observaciones destacando que en principio se observa que es una ley orientada a regular no lo que ya está operando en materia de transporte, sino lo que se presupone deberá funcionar de acuerdo a un plan de movilidad que seguramente está definido.

En conferencia de prensa informó que incorpora actividades del área privada como lo son el tema de los estacionamientos, transporte de carga y arrastre, publicidad en vehículos de carga privados.

En la Ley se considera como atribuciones del Instituto de Movilidad, al equipamiento urbano de los municipios como calles, avenidas, la estructura e infraestructura urbana, servicios de tránsito y su vigilancia, estableciéndose como una autoridad en materia de movilidad en el espacio territorial de los municipios del estado”, comentó.

De aprobarse tal como está redactada la iniciativa dejó en claro que hay que definir qué funciones tendrán el Instituto y el estado, respecto a las funciones establecidas en el 115 constitucional para los municipios y no invadir sus atribuciones en lo relativo a la semaforización, operatividad de tránsito, sus reglamentos de tránsito municipal etc.

Igualmente si en sus atribuciones el Instituto se le pretende otorgar el manejo de la infraestructura de movilidad urbana, deben de considerarse que las avenidas, calles y demás vías son equipamiento urbano y bienes del dominio público, los cuales no se pueden enajenar ni trasladar.

Un aspecto que notaron que afectará a las empresas es el señalamiento en el artículo 100 de que se deben de otorgar concesiones en las actividades de servicio Público de transporte de pasajeros en general, servicio público de carga, servicio público de renta de toda clase de vehículos, servicio público especializado, servicio público de estacionamientos, sitios y terminales.

Esto últimos es una situación controversial, ya que el concepto de concesión no está descrito en la ley, así como que no existe un fundamento constitucional de que estos servicios deben ser proporcionados originalmente por el estado, lo que podría permitir el otorgamiento de concesiones si atendemos a su definición jurídica “, agregó.

En consecuencia en el Observatorio creen que si el estado no tiene como atribuciones estas actividades no puede establecer concesiones y que en algún caso podría señalarse la posibilidad de permisos dentro de sus atribuciones constitucionales, pero no en general sobre actividades de carácter privado, dejando las condiciones para que las empresas que se vean afectadas interpongan recursos de amparo.

Un caso especialmente señalado en este concepto es el de los estacionamientos que se establece en las definiciones (art. 5 F. XXIII) como estacionamiento público. En iguales términos están los conceptos de arrendamiento de vehículos y transportes de carga privados.

Otra observación que hicieron es lo relativo a la publicidad en los vehículos, en donde se les incluye a los particulares una regulación sobre la colocación de anuncios en sus unidades, cuando debe ser orientada a la publicidad en los vehículos de transporte público.

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