Denuncia el PRD desvío de recursos en Tulum a favor de Marciano Dzul Caamal

 

hermanosCANCÚN.— El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en contra de la presidenta municipal de Tulum, Romalda Dzul Caamal, por presunto desvío de recursos a favor de la campaña de su hermano Marciano Dzul Caamal, candidato del PRI en esa demarcación.

La queja está fundamentada en la comisión de actos y conductas violatorias del artículo 134 Constitucional, hechos constitutivos de delitos electorales, por lo que el partido del sol azteca solicita se inicie un procedimiento especial sancionador en contra de la edil y de diversos funcionarios públicos de ese Ayuntamiento, como Héctor Galicia Oropeza, director de Relaciones Publicas y José Audomaro Solís Pacheco, director de Eventos Especiales y líder sindical del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tulum, entre otros servidores públicos.

El representante suplente del PRD ante el Consejo General del Ieqroo, Carlos Montalbán Colón, y el presidente estatal Jorge Aguilar Osorio indicaron que se ha hecho uso de recursos públicos en Tulum para destinarlos a la campaña electoral Marciano Dzul Caamal, hermano de la actual presidenta municipal y aspirante a sucederla en el cargo.

A la queja se adjuntaron fotografías que se han publicado en páginas electrónicas oficiales, así como en cuentas de redes sociales de algunos de los servidores públicos, las cuales, indicaron, comprueban el uso tanto de recursos económicos como humanos que el municipio está desviando a la campaña proselitista.

Carlos Montalbán, señaló que la evidencia fotográfica advierte que tanto los titulares, como los trabajadores de varias direcciones, hacen proselitismo a favor de Dzul Caamal.

Afirmaron que estos actos transgreden y violan el artículo 134 de la Constitución Federal, el cual establece que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, a efecto de garantizar que no se beneficie a ningún candidato o partido político.

De esta forma, se busca tutelar el principio de equidad e imparcialidad en la contienda a fin de que los servidores públicos no realicen actividades que, atendiendo a la naturaleza de su función, puedan influir y/o coaccionar el voto de los ciudadanos durante un proceso electoral.

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