Uber, en desacuerdo con la Ley de Movilidad

 

ranero

CHETUMAL.— La empresa Uber no está de acuerdo con la Ley de Movilidad tal como fue propuesta por el Ejecutivo estatal al Congreso, pues no desea ser tratada como un servicio de transporte público y bajo el modelo de concesión, pues de esa forma se favorece a los sindicatos de taxistas y se les perjudica a ellos y a los ciudadanos, que desean una opción diferente, afirmó Federico Ranero, director general para México y el Caribe de Uber.

Al acudir al Congreso del Estado para manifestar su rechazo dicha ley en los términos actuales, por lo que anticipó que, de ser aprobadas las reformas, el servicio de la empresa seguirá suspendido, pero continuarán abiertos al diálogo en busca de un trato incluyente y de respeto al derecho de las personas de elegir el servicio de transporte que desee.

Cabe señalar que Uber inició operaciones en Cancún en septiembre de 2016, como una opción de transporte para resolver los problemas de movilidad en la ciudad, mediante el uso de plataformas digitales, con lo que además se abrió una posibilidad diferente de emprendimiento para quienes desearan incorporarse a este esquema. El directivo afirmó que durante los 15 meses que operaron, a pesar de la férrea oposición de parte del sindicato de taxistas de Cancún.

A partir de que dejaron de operar, señaló, se tomó la determinación de trabajar con las autoridades para lograr una regulación incluyente con las empresas de redes de transporte.

Aceptó el esfuerzo y la buena voluntad del gobierno del estado al promulgar la Ley de Movilidad, que incluyó a las empresas de redes de transporte y a los socios.

“Parece que esta presión de algunos grupos de poder pesa más que la propia voz de la ciudadanía que pide un transporte seguro y eficiente, pues se dará marcha atrás a lo que ya se había avanzado; me refiero a que mañana martes se discutirán en el Congreso estas modificaciones”, agregó.

Manifestó su preocupación de que finalmente sea considerada como empresa de transporte público, con lo cual estaría obligada a operar bajo un esquema de concesión en Quintana Roo, no obstante que la Comisión Federal de Competencia Económica y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mayo de 2017 establezcan que el servicio que se presta a través de radiocomunicaciones no es un transporte público.

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