EL CHAQUISTE

Luis Castillo

 

El fin del sexenio federal se presenta turbio para los hermanos Joaquín (Pedro y Carlos). El primero ya ha debido poner sus “barbas a remojar” por las casi seguras auditorías que sobre la Secretaría Federal de Energía ha prometido iniciar el próximo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Con lupa van a ser revisados los contratos y las concesiones a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que se encargarán de las prospecciones y explotación en las zonas petrolíferas del Golfo de México.

Y como muestra de que hay asuntos nada claros, sería bueno que los funcionarios de PEMEX y de la Secretaría de Energía explicaran el motivo por el que están siendo retiradas plataformas del mar.

En plena Sonda de Campeche y a apenas tres meses del transporte de poderes, la empresa Oro Negro, con base en Ciudad del Carmen, usando los servicios de la compañía estadounidense CIGOL está procediendo a limpiar y haciendo desaparecer 5 plataformas extractoras.

Todo indica que se está procediendo de la misma forma como se hizo con la compañía Oceanografía, propiedad de renombradas familias panistas, de cuyas propiedades nunca más se supo y cuyo escándalo fue sospechosamente silenciado.

En el plano local y en menos de dos años de gobierno, la administración del hermano pequeño, Carlos Joaquín, ya va teniendo en su haber varios escándalos. Llegó, según promesas, a enfrentar y revertir el saqueo de los bienes públicos del estado, perpetrado por la administración de su antecesor, Roberto Borge.

La realidad es que los primeros escándalos se presentaron entre su personal de primer nivel. Su genio financiero, Juan Vergara, fue obligado a abandonar la candidatura a una curul en el Congreso federal, al no poder justificar, ante la justicia federal su “sorprendente fortuna”, lo grave del asunto es que este personaje fue el encargado de renegociar la deuda pública del estado.

Este mismo año, Jorge Portilla, titular de otra de las secretarías importantes, la de Infraestructura y Transporte del estado, tuvo que renunciar a su cargo para votar una investigación federal por el desfalco a la dependencia, el cobro y desaparición del importe de las multas a los carros de la empresa UBER, cuando ni la misma dependencia a su cargo estaba facultada para imponer estas multas.

Y en estos días, los “asesores” del gobernador, Juan de la luz Enríquez y J.C. Pereira son señalados como responsables de los manejos poco claros con los recursos del FONDEN destinados a combatir la arribada de sargazo a las playas quintanarroenses.

Con esta serie de irregularidades, la administración estatal actual lleva un récord de asuntos poco claros, superior incluso a la que presentaba en su segundo año de gobierno la señalada como corrupta de Roberto Borge.

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