EL CHAQUISTE

Luis Castillo

 

La historia del saqueo de los recursos de Quintana Roo es muy larga. Fue frontera de piratas antiguos que saquearon el palo de tinte y la caoba. Después siguió el abandono y la exportación de los recursos, pero no es necesario remontarnos a la larga historia para conocer las nuevas formas de saqueo moderno.

La instalación de una empresa totalmente estadounidense en plena costa turística y que lleva más de 30 años explorando suelo y subsuelo quintanarroenses es una herida que las autoridades estatales se niegan a cerrar, muy probablemente porque detrás de la concesión minera se esconde una historia de corrupción que afecta a una poderosa familia cozumeleña.

Fundada en 1985 y con una concesión por 25 años para la explotación de piedra caliza destinada a ser exportada al sur de Estados Unidos, hace mucho tiempo que acabó su primer periodo autorizado para la actividad extractiva.

El curioso permiso estatal de operación fue autorizado por la administración del entonces gobernador Pedro Joaquín, actual secretario de Energía, cuyo periodo al frente de dicha institución deja muchos claroscuros en cuanto a la limpieza de su actuación

A este periodista le llamó urgentemente un sábado a media tarde de 1985 el entonces delegado de la Secretaría del Medio Ambiente federal, Sergio Vázquez Vázquez, hombre de total confianza del gobernador. Tras presentar un voluminoso informe junto a un resumen de dos cuartillas. La intención del Ejecutivo era dar a conocer en un diario nacional el rechazo del gobierno estatal del proyecto presentado por las empresas ICA y la estadounidense VULCAN MATERIAL, para establecer a 6 kilómetros al norte del acuario natural de Xel-Ha una mina para extraer piedra caliza por medio de voladuras debajo de la capa freática.

El referido informe adelantaba peligros para la costa y la zona arqueológica de Tulum.

Al día siguiente, tras publicarse la noticia en primera plana del periódico, el gobernador convocó de urgencia una rueda de prensa en la que aseguraba que por presión de los grupos ecologistas no se permitiría el proyecto minero.

No se volvió a saber más sobre el tema, pero como por arte de magia seis meses más tarde arrancó en Punta Venado un proyecto similar, Calizas Industriales del Carmen, a seis kilómetros al sur de Playa del Carmen y con un puerto artificial arrancado a la costa con capacidad para atracar barcos de hasta 100000 toneladas.

Después se filtró que el predio de 1000 hectáreas donde arrancó CALICA fue vendido por el tío del Gobernador, y claro está allí ya no se presentaron inconvenientes ni problemas ecológicos.

32 años han pasado de explotación y la mina ha proporcionado 250 millones de metros cúbicos de piedra caliza, ha devastado otras 1000 hectáreas de selva baja además del lote original y en la actualidad la empresa pretende lograr que la administración de Solidaridad autorice el cambio de suelo de zona forestal a minera, donde además no pagaría impuestos al municipio.

Lo curioso del asunto es que con el nacimiento del municipio de Solidaridad, en 1993, las autoridades de Cozumel lograron retener este pedazo de tierra como parte de su estructura territorial y desde entonces ninguna administración isleña ha informado sobre la concesión a la empresa.

Para mayor escozor nacional, CALICA hace años que fue adquirida en su totalidad por la empresa estadounidense VULCAN Material Inc., ubicada en Alabama y en cuyo consejo de administración tiene una participación importante el actual presidente de aquel país, Donald Trump.

El proyecto del que se informó a la opinión pública en 1985 aseguraba que tras 25 años de operaciones mineras, el predio con su pago central resultante de la extracción de piedra, sería comercializado como una zona de lagos artificiales habitacionales de alto nivel, similar al área de Miami Lake.

Hoy, la mina sigue desgastando la selva, el gobierno estatal, presidido por un hermano del gobernador que autorizó el proyecto, sigue haciéndose el ciego y el sordo, en un asunto que huele mal y la sombra de los poderes fácticos del estado están presentes.

Qué curioso que en Quintana Roo no se haya permitido la extracción de petróleo, lo cual está demostrado que hay, para no afectar al turismo, pero sí se permite una mina al aire libre que lleva devastadas 2000 hectáreas de selva y parte de la costa.

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