Marybel Villegas formará parte de la Junta de Coordinación Política del Senado

 

CIUDAD DE MÉXICO.— Marybel Villegas Canché, senadora por Quintana Roo, formará parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, que es el Órgano colegiado de gobierno en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias que resulten necesarios.

El Órgano que fue instalado este martes, tiene como fin alcanzar acuerdos para que el Pleno de cada cámara esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

La Junta de Coordinación estará conformada de la siguiente manera: por Morena, Ricardo Monreal Ávila y los Senadores Marybel Villegas Canché e Higinio Martínez Miranda.

Así como de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Damián Zepeda Vidales (PAN), Josefina Vázquez Mota (PAN), Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD), Dante Delgado Rannauro (Movimiento Ciudadano), Gonzalo González Yáñez (PT), y Sasil de León Villard (PES).

Primera Sesión Ordinaria

Después de la integración de Jucopo, en la primera Sesión Ordinaria de la LXIV Legislatura, con un respaldo unánime fue aprobado el tema de austeridad en el Senado de la República, para reducir en 30 por ciento el gasto que se tenía en la pasada Legislatura.

Sobre este tema se presentó al Pleno una iniciativa de reformas a la fracción I del artículo 33, la fracción II del sexto párrafo del artículo 61, el artículo 62, la fracción II del artículo 63, la fracción V del artículo 65 y que adiciona una fracción XIII del artículo 65 del citado ordenamiento, con el objetivo de establecer medidas de austeridad para los servidores públicos de mandos medios y superiores.

En las modificaciones que propone, se establece que para las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social, se prohibirán los bonos, sobresueldos y pagos extraordinarios para cualquier servidor público, como tampoco la contratación de seguros de gastos médicos privados ni seguros de vida privados para servidores públicos de mandos medios y superiores.

Dicho proyecto será de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades, y los ejecutores del gasto sólo podrán realizar las contrataciones de prestación de servicios de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones estrictamente necesarias, debiendo estar justificadas y autorizadas por los titulares correspondientes, indicó.

Al mismo tiempo, los ejecutores de gasto deberán racionalizar el gasto de los servicios de telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos y pasajes a lo estrictamente indispensable, debiendo reducir las partidas correspondientes a dichos bienes y servicios hasta en un 50 por ciento con respecto a lo ejercido, señaló.

La iniciativa de Movimiento Ciudadano, fue turnada para dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

En la misma orden de trabajo, la Bancada de Morena presentó tres iniciativas fundamentales:

  1. El Proyecto de decreto en materia de reforma educativa, que tiene por objeto instituir que el Estado impartirá de manera obligatoria la educación de nivel superior.
  2. El Proyecto de decreto por el que reforma el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, iniciativa que tiene por objeto considerar el incremento anual al salario mínimo en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
  3. El Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una iniciativa para extender los beneficios de seguridad social a matrimonios entre personas del mismo sexo, con el objetivo de reconocer plenamente los derechos de la comunidad de diversidad sexual y eliminar la discriminación.

De igual forma, los legisladores de otras bancadas plantearon una propuesta para incorporar los principios de eficiencia, austeridad y participación pública para el funcionamiento del Congreso de la Unión y una iniciativa para modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado a fin de reducir dicho gravamen en la frontera al 8 por ciento, que actualmente es del 16 por ciento en todo el territorio nacional.

Paralelamente plantearon cambios a la Ley de del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para reducir dicho gravamen un 50 por ciento, y ayudar a disminuir la inflación generada por este rubro y así poder dar reversa al gasolinazo.

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