Balanceo electoral en EE. UU.: supresión de votos y millonarios financiamientos

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Juana Carrasco Martín 

juana@juventudrebelde.cu

 

El martes 6 de noviembre, una vez más puede quedar desnuda la cacareada democracia. Aquí algunos motivos…

Está bien aceitada la maquinaria de las elecciones de medio tiempo* en Estados Unidos para este martes 6 de noviembre. Una combinación de supresión de votos a varios millones de ciudadanos y un bolsón bien cargado de ricos financieros de la competencia, colorean el camino de esa democracia, no tanto con los colores rojo y azul de los dos partidos en la contienda, sino con sombríos tonos de la corrupción consentida.

Cuando entran en juego un tercio de los escaños del Senado, los 435 representantes de la Cámara —aunque es una cifra no real, porque no todos los candidatos tienen competidores del partido contrario—, gobernadores de 36 estados y tres gobernadores de territorios de EE. UU., además de muchos otros cargos electivos, los comicios de medio tiempo de 2018 ya han establecido un récord, y no precisamente de transparencia.

Poderoso caballero don dinero

Hablamos del dinero gastado para lograr el control de los cargos políticos: 5 200 millones de dólares, según las cifras del proyecto Center for Responsive Politics, que ha publicado en su página Open Secrets. Mucha más plata que la invertida en cualquier otra elección de medio tiempo, cuyo récord hasta ahora era de 4 100 millones.

Los estimados consideran que representa un incremento del 35 por ciento sobre el ciclo de 2014, y es además el mayor aumento en los últimos 20 años. Y resulta que también se establece una nueva particularidad: por primera vez en muchos, muchos años, los demócratas han recaudado más que los republicanos, por consiguiente gastarán más.

«Ya sea que estén buscando donaciones de mujeres, grandes donantes, pequeños donantes, grupos de dinero oscuro, partidos o sindicatos, los demócratas están viendo un éxito increíble en la recaudación de fondos de este ciclo», dijo Sarah Bryner, directora de Investigación del Centro para la Política Responsable.

Sin embargo, añadía: «Si ese dinero se traducirá en éxito el 6 de noviembre es una pregunta abierta, dado que el dinero, si bien es esencial, no es de ninguna manera el único factor que rige los resultados electorales».

Destaca también en esta ocasión que los candidatos demócratas se han beneficiado en un nivel sin paralelo del entusiasmo de las donantes femeninas, las cuales han aportado 308 millones de dólares, cifra muy superior a los aproximadamente 90 millones de dólares para los republicanos, provenientes de igual segmento poblacional.

Demasiado gasto para unas elecciones en las que, por lo general, solo vota entre el 30 y el 40 por ciento de la población (mientras para las presidenciales se llega al 60 por ciento). Sin embargo, este año, se intensifica la campaña con el propósito de lograr que el electorado acuda a las urnas con el fin de cortar la presencia de republicanos en las legislaturas y decirle a Donald Trump lo que puede esperarle en 2020 si se postula nuevamente para mantenerse en la Casa Blanca. Recordemos que en 2016 Trump perdió el voto popular por exactamente 2 millones 868 mil 691 votos, pero la decisión de los colegios electorales por estados, dejó fuera a Hillary Clinton.

Una contienda muy seria

Los comicios de 2018 han sido tomados muy en serio por los dos partidos, porque los consideran una especie de referendo sobre la actuación del impredecible Presidente —aunque él no esté postulado—, quien casi de manera exacerbada se ha lanzado a la campaña en apoyo a los candidatos «rojos», mientras los demócratas llaman a votar contra Trump, más que a decidir sobre el político republicano que aparezca en la boleta.

El País, citando datos de la cadena ABC, hacía este análisis: Donald Trump «ha llenado de mítines su agenda y disparado su actividad mediática para arengar a las masas contra la inmigración y una posible victoria de los “radicales” demócratas. Solo entre el 6 y el 17 de octubre, improvisó seis encuentros con la prensa, concedió ocho entrevistas a distintos medios y celebró 18 actos públicos en los que atendió a los reporteros. En total, respondió a 300 preguntas de periodistas en tan solo 11 días (…) más que ningún otro presidente en la historia en el mismo período de tiempo».

Esa desesperada campaña electoral de Trump para garantizar la mayoría republicana en el Senado, la Cámara y las gobernaciones, lo lleva también a una campaña belicista, racista y antinmigrante. Veamos este tuit:

«Donald J. Trump: @realDonaldTrump  1 nov.

(La inmigración ilegal afecta la vida de todos los estadounidenses. La inmigración ilegal perjudica a los trabajadores estadounidenses, sobrecarga a los contribuyentes estadounidenses, socava la seguridad pública y ejerce una enorme presión sobre las escuelas locales, los hospitales y las comunidades.)

“Illegal immigration affects the lives of all Americans. Illegal Immigration hurts American workers, burdens American taxpayers, undermines public safety, and places enormous strain on local schools, hospitals and communities…https://t.co/eN1IqPNBJY”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de noviembre de 2018

Por supuesto, tiene cartas a su favor que no pueden desestimarse en el contexto socio-político estadounidense: la buena marcha de la economía, una tasa mínima de desempleo, la rebaja de impuestos —aunque esta benefició más a los poderosos—, la victoria lograda con el nombramiento de dos jueces conservadores para la Corte Suprema de Justicia que les da un peso decisorio a los republicanos, sus seguidores fieles de la derecha, en quienes aviva el temor a la inmigración, al terrorismo o supuesto terrorismo, a una también supuesta amenaza de una ola de izquierda dentro de Estados Unidos y a los países que ya vuelven a presentar como «ejes del mal», entre otras realidades y artimañas.

Hay una idea fija que ha estado repitiendo en los mítines o en los tuits: «Los demócratas quieren caravanas», en referencia a las de los inmigrantes centroamericanos que intentan llegar a EE. UU., sobre la que también han dicho que la financia George Soros o que la financia y la organiza Cuba. Las mentiras son reiteradas, al mejor estilo del nazi Goebbels.

Los demócratas, por su parte, acuden a tratar de despertar el interés por ir a las urnas y depositar su voto —ya sea adelantado, por correo o en ausencia, o el martes en los centros de votación— a quienes en estos años de trumpismo se han manifestado contra él, fundamentalmente al sector más joven, que tradicionalmente no va a votar.

Un artículo de opinión en The Hill —que especificó eran los puntos de vista del colaborador, Richard Greene, y no los de la publicación— se titulaba: Una guía del votante para los cien millones que no están planeando votar.

Un fraude bien dispuesto, la supresión de votos

Además de esos millones de apáticos o decepcionados con el sistema electoral, y pudiéramos decir también que con el sistema político estadounidense, están otros varios millones que no pueden votar, porque tienen limitado —incluso algunos de por vida— ese derecho ciudadano. Una negación, de hecho, del ejercicio de la democracia y de las libertades individuales de las que se precian y dictan cátedra al resto del mundo.

Para poder ir a las urnas, los votantes tienen que cumplir, al menos, con tres requisitos básicos: ser ciudadanos estadounidenses; estar en plenas facultades mentales; y no haber cometido ningún delito con anterioridad. En cuanto a esta última exigencia, se calcula que cada cuatro años, al menos a 5,3 millones de estadounidenses se les priva de ese derecho civil y se les borra del censo electoral por su condición de exconvictos.

En Estados Unidos, que es una república federal con 50 estados y cada uno de ellos hace su ley electoral, solo dos estados, Maine y Vermont, permiten a sus reos el derecho a votar por el Presidente, y 31 estados se lo niegan a cualquier persona que tenga un solo antecedente.

Representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aseguraron recientemente en conferencia de prensa que no es casualidad que en muchos estados con un estrecho margen en sus contiendas, o que podrían cambiar el balance en el Congreso, se practican medidas que buscan suprimir el voto, y primordialmente están dirigidas a grupos minoritarios que pueden inclinar la balanza en algunas elecciones el próximo 6 de noviembre.

Una investigación de APM Reports reveló que al menos 107 000 personas habían sido removidas del registro de votantes de Georgia por la controvertida medida conocida como «úsalo o piérdelo» —es decir, por no haber votado en elecciones anteriores—, y al menos otros nueve estados, en su mayoría republicanos, tienen esa práctica. En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia estableció que «úsalo o piérdelo» no viola la ley federal.

En el caso de Georgia, fue supervisada —reportaba la agencia EFE— por el Secretario de Estado de Georgia, Brian Kemp, poco tiempo después de que se hicieran públicas sus intenciones de optar por la gobernación, frente a la demócrata Stacey Abrams, quien si gana la contienda se convertiría en la primera gobernadora afroamericana en EE. UU. Las más recientes encuestas reportan un empate a 48 puntos.

ACLU ha demandado a cuatro Estados por las medidas que suprimen el voto: Florida, Georgia, Michigan y Nevada.

Una última característica de las elecciones estadounidenses, que dice a las claras la falta de transparencia y la intención evidente de que la mayoría de la ciudadanía no pueda votar, aunque quiera, o se le dificulte. Siempre los comicios son el primer martes de noviembre, día perfectamente laboral y si se trabaja, no se cobra…

Estados Unidos tiene una vergonzosa historia de supresión de votos. No culpen solo a Trump, decía un articulista, y tiene mucha razón.

Pero hay muchas otras formas de negar o dificultar el voto y Trump se ha inventado la suya con Kris Kobach como vicedirector de la Comisión Asesora Presidencial sobre Integridad Electoral. Él es un entusiasta propagandista de que en las presidenciales pasadas Hillary Clinton recibió de tres a cinco millones de boletas fraudulentas por suplantación de votantes, de estudiantes fuera del Estado que votaron dos veces y de los no-ciudadanos depositando papeletas ilegales.

Vanita Gupta, quien dirigió la división de derechos civiles del Departamento de Justicia bajo el presidente Obama, teme que esa Comisión sea «un pretexto para sacar a millones de votantes elegibles de los padrones y socavar la santidad de nuestros sistemas de elección».

Hasta aquí algunos puntos que nos permiten preguntar: ¿Es ese el modelo de una verdadera democracia?

(*) Las elecciones de medio tiempo se realizan a la mitad del mandato de cuatro años del Presidente.

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