Michoacán, un Estado tomado por el crimen

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Pablo Ferri

EL PAÍS

 

CIUDAD DE MÉXICO.— En menos de una semana, una serie de ataques, balaceras y sucesos extraños han devuelto la sensación en México de que Michoacán es un Estado tomado por el crimen. En la madrugada del domingo, un grupo de delincuentes llegó a Zamora y atacó a varias patrullas policiales. Tres agentes murieron y otros siete resultaron heridos, además de dos civiles. También este domingo, pobladores de una comunidad de La Huacana retuvieron a un grupo de al menos seis militares, que no liberaron hasta que les devolvieron sus armas, entre ellas un fusil Barrett antiblindajes.

Horas después del ataque en Zamora trascendió un vídeo en el que aparecen al menos dos decenas de camionetas, todas rotuladas con las mismas cuatro letras en el lateral: “CJNG”. El vídeo, que dura poco más de dos minutos, transcurre en la noche. La prensa ha especulado con que las imágenes se habrían grabado antes del ataque en Zamora; que son esos hombres en esas camionetas los que atacaron a la policía en en el municipio. La fiscalía de Michoacán no ha hecho comentarios al respecto.

Hace unos días trascendía otro vídeo de presuntos integrantes de otro grupo criminal, minutos antes de enfrentar supuestamente al CJNG, el cartel Jalisco, en Uruapan, a 100 kilómetros de Zamora. En el vídeo, varios hombres armados aparecen cantando. Todos llevan armas y vestimenta tipo castrense. Aunque no hay imágenes de la balacera, el choque entre ambos grupos dejó diez muertos. El fiscal del Estado, Adrián López, explicó: “La información que se tiene es que es el resultado de una pugna entre grupos delincuenciales, uno de los cuales sorprendió a otro”. Dos días más tarde, las autoridades ubicaron los restos quemados de cinco personas en una camioneta, también en Uruapan. Las autoridades no vinculan ambas situaciones, pero tampoco descartan que estén relacionadas.

En el caso de Zamora, el ataque del domingo ha forzado a las autoridades estatales a tomar medidas. No es solo el ataque. Hace poco asesinaron al director de la policía. Según el Gobierno federal, Zamora y Uruapan son los dos municipios más violentos de la entidad. Este lunes, el gobernador, Silvano Aureoles, ha anunciado el envío de 360 agentes estatales extra, en apoyo de la policía municipal. “Hoy arrancamos en Zamora con un despliegue de 360 elementos de la Policía de Michoacán, son compañeras y compañeros debidamente preparados y certificados”, ha dicho Aureoles, asegurando que todos los agentes han superado exámenes de confianza. Es decir, que carecen de cercanía con organizaciones criminales.

Desde 2016, la violencia homicida bate récords en Michoacán. Ocurre en casi todos los Estados del país, pero el caso de Michoacán resulta especialmente doloroso por el evidente fracaso de los experimentos en seguridad pública, puestos en marcha después del alzamiento de los movimientos de autodefensas en 2013 y 2014.

En febrero de 2013, grupos de ciudadanos de varios municipios de todo el Estado, hartos al parecer de las extorsiones y la violencia de los grupos delictivos, tomaron las armas y echaron a las fuerzas policiales. Si el Estado no podía, ellos se defenderían, clamaron. Ya entonces existía la sospecha de que en realidad, las autodefensas no eran otra cosa que grupos criminales disfrazados, enrolados en la mayor operación publicitaria que se recuerde en el mundo del hampa. A día de hoy no está claro cuántos de esos grupos guardaban intereses genuinos de progreso y cuántos no. El caso es que después de un par de años de relativa tranquilidad, los asesinatos se dispararon en 2016, llegando a 1.263, casi el doble que el año anterior. El año pasado la cifra aumentó hasta 1.338.

 

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Un Barrett por los militares

Cien kilómetros al sur de Uruapan, en el municipio de La Huacana, un grupo de vecinos desarmó y retuvo durante horas a un convoy de militares. Ocurrió también el domingo. Aureoles ha confirmado este lunes que hubo un enfrentamiento entre militares y civiles, resultando heridas dos personas que nada tenían que ver con el choque, entre ellas una niña de 11 años. El gobernador Aureoles ha culpado del evento a los civiles: “Como ustedes saben, esta es la forma de operar de los grupos delincuenciales, avientan por delante a mujeres y a niños. Nosotros no vamos a tolerar a ningún civil armado”.

El caso es que después, vecinos de La Huacana desarmaron a unos militares, reclamándoles la devolución de las armas que estos habían decomisado. No está claro si se referían a las armas decomisadas durante el evento anterior o a otras. Tampoco se sabe si estos militares retenidos son los mismos que participaron en el enfrentamiento. En todo caso, parece que las armas decomisadas eran de alto poder y no rifles o armas típicas de grupos de autodefensa. Hasta las 14.00 del lunes, hora local, la secretaría de la Defensa no ha dado información de manera oficial.

Fuentes oficiales de la Secretaría han confirmado a EL PAÍS que una de las armas era un fusil Barrett calibre .50, con capacidad de atravesar vehículos blindados. De hecho, las mismas fuentes aseguran que finalmente los militares fueron liberados, tras horas de retención, después de que las armas, Barrett incluido, fueron devueltas. (El País).

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