Sanciones para funcionarios nicaragüenses

El Gobierno estadounidense sanciona de nueva cuenta a ciudadanos nicaragüenses, a quienes acusa de perseguir a los ciudadanos nicaragüenses, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación, así como negarles atención médica. Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.

Desde que en abril pasado Estados Unidos sancionó al hijo de Ortega, el Gobierno de Nicaragua ha insistido ante la comunidad internacional que detengan las sanciones.

Entre las personas sancionadas por Estados Unidos se encuentra el hijo de Laureano Ortega Murillo y Rosario Murillo, así como ellos mismos; el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas y el jefe de la Policía, Francisco Díaz,

También han sido sancionados el tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López; el Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.

Estados Unidos sancionó este viernes a Gustavo Eduardo Porras Cortés y a Orlando José Castillo Castillo, así como a la ministra Sonia Castro González a quien acusó de perseguir a los ciudadanos de su país, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y de negar atención médica y al ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica.

Por su parte Canadá sancionó junto a Rosario María Murillo Zambrana, vicepresidenta de Nicaragua, y a Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, la ministra de Sanidad, Sonia Castro González; el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando José Castillo Castillo; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés, entre otros.

Canadá se une a Estados Unidos e impone sanciones

Las sanciones impuestas por Canadá a estos nicaragüenses, congela sus activos en el país y prohíbe a individuos y empresas canadienses tener relaciones comerciales con ellos. Además, no pueden viajar a Canadá, dijo el Gobierno.

“Estas sanciones envían un claro mensaje al Gobierno de Nicaragua que las violaciones a los derechos humanos contra su población no serán tolerados”, explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en un comunicado.

“El Gobierno de Nicaragua debe responder por sus acciones y debe terminar la actual crisis con un diálogo real con los grupos de la oposición. Canadá seguirá respaldando al pueblo de Nicaragua y sus legítimas demandas de democracia y demanda de responsabilidades”, dijo Chrystia Freeland ministra de Exteriores canadiense.

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