Hay siete investigaciones en contra de Carlos Lomelí

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CIUDAD DE MÉXICO.— La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que hay en curso siete investigaciones sobre posibles conductas irregulares del exdelegado federal de Programas Sociales en Jalisco, Carlos Lomelí, las cuales se llevarán a las últimas consecuencias y en apego a la ley.

Dijo que la primera investigación se abrió el 22 de mayo, no después de la renuncia del ahora exfuncionario público, y expresó que cuatro pesquisas son por posible conflicto de interés y tres por infracciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

“Derivado de nuestras investigaciones, podríamos dar vista a la autoridad penal competente”, dijo la titular de la SFP, en rueda de prensa en Palacio Nacional, al indicar que “el gobierno de la Cuarta Transformación no avanza a costa de ‘quinazos’ o ‘ajustes de cuentas’, sino con apego a la Ley”.

Sandoval Ballesteros explicó que 4 de las 7 investigaciones contra el hoy exfuncionario tienen que ver con una relación hacia sus empresas y diversas contrataciones, en tanto que el resto de las pesquisas se enmarcan en conductas que pudieran derivar en tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento oculto.

“De esas siete investigaciones que hoy reportamos (…) 4 investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y tres más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad posiblemente atribuibles al investigado y que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios”, detalló.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la secretaria sostuvo que las indagatorias contra Lomelí Bolaños continúan y en su caso, se dará vista a la Fiscalía General de la República.

Detalló que el cúmulo de evidencia con que se integran las investigaciones contra Lomelí Bolaños proviene de la oficialía mayor de Hacienda, de la unidad de inteligencia financiera de esta misma dependencia, de la secretaría de salud, de cinco contralorías, así como de las unidades de la secretaría de la función pública en el país.

Eréndira Sandoval sostuvo que en caso de encontrarse responsable al exfuncionario federal, las sanciones que podría recibir por pertenecer a una red de funcionarios que presuntamente le venden medicamentos al gobierno actual, iría desde una sanción económica hasta su inhabilitación por 20 años en el servicio público.

Por ello, recordó que quien se encuentre en una situación similar “no puede” pertenecer al gobierno de la cuarta transformación de México”.

“Repetimos que en el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés, quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la cuarta transformación”, advirtió la funcionaria al recalcar que recibieron con beneplácito a la renuncia de Lomelí Bolaños el pasado viernes.

En ese sentido, se le preguntó si existe alguna investigación en contra del actual jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo señalado por el exsecretario de hacienda, Carlos Urzúa de traficar con influencias al interior del gabinete.

La secretaria rechazó que exista una investigación en contra de Romo Garza, pero señaló la existencia de al menos 2 mil procedimientos de investigación iniciados en contra de actuales y pasados servidores públicos.

 

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