Imputan a Rosario Robles desvíos por más de 5 mil 73 mdp; se ampara

 

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CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía General de la República (FGR) imputó formalmente a Rosario Robles que tenía conocimiento de que, tanto en la Secretaría de Desarrollo Social, así como en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, hubo desvíos de recursos por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos a través de 27 convenios con universidades autónomas, politécnicas, así como con sistemas de radio y televisión estatales.

Durante el inicio de la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, los fiscales acusaron que Robles Berlanga fue omisa al haber sido informada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las irregularidades presentadas en las dependencias que encabezó entre 2012 y 2018 y nunca decírselo al presidente Enrique Peña Nieto.

Al inicio de la audiencia, la defensa de la exfuncionaria federal tuvo un primer revés pues buscaba dejar fuera del proceso a la ASF con argumentos legales; sin embargo, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo concluyó que la Auditoría “sí tiene facultades para defender a la hacienda pública y ser parte de la investigación y el proceso”, por lo que se le debe reconocer el carácter de ofendido.

Por un momento el equipo legal de Rosario Robles puso en aprietos a la fiscalía al solicitar con precisión exacta cuáles y cuántos eran los convenios en los que se involucra a su defendida.

Amparo

Rosario Robles Berlanga interpuso un amparo contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por la difusión de los resultados de las auditorías practicadas a la Sedatu y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en los periodos que fue titular de esas dependencias.

De acuerdo con el expediente 646/2019, del Juzgado 10 de Amparo en Materia Penal, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) reclamó que la ASF violó sus derechos fundamentales que garantiza la Constitución mexicana en los Artículos 1, 14, 16, 17, 20, 103 y 107.

Advirtió que los resultados de esas auditorías tienen inexactitudes que afectan su defensa frente al citatorio que se le hizo al ser imputada del delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

El juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón admitió a trámite la demanda interpuesta por la exfuncionaria.

La víspera, el titular de ese juzgado le negó la suspensión provisional contra una orden de aprehensión por el caso señalado.

La defensa de la exfuncionaria solicitó que se reserve el nombre de su cliente en todos los acuerdos que el juzgado emita, vía estrados, toda vez que su difusión podría dañar el principio de presunción de inocencia de su cliente.

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