La memoria y el testimonio para entender los movimientos sociales

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CIUDAD DE MÉXICO.— Los movimientos sociales que surgen de situaciones de violencia, por lo general, están enmarcados en un sistema de exclusión económica, social y de género.

La memoria y el testimonio constituyen, por ejemplo, una forma de identificar cómo los familiares de los desaparecidos, que han dedicado su vida a la búsqueda de estas personas, recrean su lucha social.

“El surgimiento de los movimientos sociales plantea que algo no está funcionando bien, que existe un daño, un agravio o una razón para que un grupo de personas se organice, y por eso es relevante estudiarlos desde las ciencias sociales” dijo en entrevista la investigadora Silvia Soriano Hernández del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La también integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, agregó que es importante conocer cuáles son las razones por las que la gente se organiza, cómo lo hace y también cómo podemos involucrarnos, no necesariamente como militantes, sino para entender la problemática y ser solidarios.

Los temas con los que la doctora ha trabajado están relacionados con las luchas indígenas, en especial de mujeres, y con los movimientos sociales surgidos a partir de la desaparición forzada de personas.

En entrevista la investigadora señaló que cada sector de la población contiene, por así decirlo, a un sector que suele ser más vulnerable y sobre el que la violencia suele ejercerse de manera más evidente, de ahí que las organizaciones sociales que llegan a ser un movimiento tienen en común, por lo general, que se enmarcan en un sistema de exclusión, el cual está vinculado con lo económico, lo social y el género; es decir, son sectores excluidos que buscan manifestarse.

En este sentido la doctora en Estudios latinoamericanos por la UNAM se ha enfocado en la perspectiva de género, “me parece que en cualquier tema que investiguemos es fundamental porque no podemos tratar de entender de la misma manera lo que piensan los hombres que militan y las mujeres militantes; de ahí la relevancia de conocer las reivindicaciones de otras mujeres en diferentes colectivos, para tener una visión más global de estos procesos”.

Para este tipo de análisis, que busca entender cómo la gente se organiza y conforma un movimiento social, Silvia Soriano parte de la memoria (que en estos casos generalmente se estructura a partir de la violencia) y del testimonio (la memoria declarada), y para ello recurre a la entrevista y a la revisión de otros trabajos ya publicados.

Es así que la memoria y el testimonio constituyen, por ejemplo, una forma de identificar cómo los familiares de los desaparecidos, que han dedicado su vida a la búsqueda de estas personas, recrean su lucha social, cómo se miran, cómo miran al familiar desaparecido, qué esperan, qué piensan de los recuerdos, del perdón, de la justicia o de la búsqueda de la verdad.

De acuerdo con la investigadora los testimonios de los militantes tienen que ver con una cuestión de lucha, y en este sentido sus palabras van a reconstruir su experiencia individual que posteriormente se convierte en colectiva y retrata el sentir de la gente que está militando.

“La memoria, el testimonio y la narración le permiten a las personas expresar sus ideas y reflexiones sobre el movimiento que conforman, y como investigadora puedo hacer conclusiones y construir una propuesta teórica del significado de la identidad, la movilización social, la organización entre otros aspectos”.

Es de destacar, apuntó, que si bien el testimonio es fundamental para los estudios sociológicos de los movimientos sociales, tiene que ser validado con otro tipo de herramientas metodológicas o distintas fuentes documentales que permitan contrastar lo que se dice.

Para ejemplificar lo anterior se refirió al caso de las personas que buscan a sus familiares en Guatemala y que señalan que un elemento del ejército o de la policía se los llevó, pero que no tienen pruebas, en ocasiones solo hay testigos, y han enfrentado, por parte del Estado, la negativa de los hechos.

A principios del Siglo XXI apareció un documento que se conoce como Diario Militar, un listado de 183 personas desaparecidas a manos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas entre agosto de 1983 y marzo de 1985. Este documento contiene los datos personales, afiliación a organizaciones, actividades y, en la mayoría de los casos, también una foto de la persona. Además, cada registro indica las acciones cometidas —entre ellas detenciones secretas, secuestros y asesinatos— contra las personas enlistadas, explicó la investigadora.

Lo anterior confirmó que la desaparición forzada de personas constituyó una práctica del Estado, en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala (1962–1996), llevada a cabo, principalmente, por agentes de sus fuerzas de seguridad.

Así, “he estudiado el caso de las mujeres guatemaltecas que son familiares de desaparecidos, quienes de pronto rompieron con sus actividades y se volvieron parte de un colectivo para tratar de encontrar a su familiar, para lo cual han recurrido a todas las opciones posibles para poder conseguir su objetivo, tal es el caso de la interpelación al Estado o recurrir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La investigadora, que actualmente trabaja en el tema de los desaparecidos en México de la década de los 70 y los desaparecidos en años recientes, considera que un aspecto fundamental es tener en mente que independientemente del motivo de la desaparición los familiares quieren saber, y tienen la misma incertidumbre, de ahí que se movilizan para localizarlos, por lo que todos los Estados que han recurrido a esta práctica deben tener en cuenta que los familiares no se van a cansar, ellos van a seguir buscando y exigiendo justicia.

Destacó que como investigadora uno de sus objetivos es, a partir de una metodología científica, conocer la realidad, interpretarla y hacer una valoración de lo que está sucediendo, “por lo que sería ideal poder incidir en algunos programas institucionales, los cuales tendrían una base más sólida si tomaran en cuenta a los sujetos sociales a los que se dirigen y si fueran reconocidos los factores económicos, políticos y sociales que obstaculizan el ejercicio y las buenas prácticas en la impartición de justicia”. (Academia Mexicana de Ciencias).

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