CIUDAD DE MÉXICO.— Con el fin de garantizar que todo mexicano pueda disfrutar y tener acceso libre a las playas no sólo de Quintana Roo sino de todo el país, el senador José Luis Pech Várguez presentó un punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara Alta para exhortar a la Semarnat para que verifique y garantice el derecho de libre tránsito y uso de las playas y a la vez suspenda la autorización de más concesiones y permisos en la Zona Federal Marítimo Terrestre, en tanto no se tenga la certeza de los alcances y límites de los derechos que se encuentran en conflicto entre las Zofemats y las playas nacionales.
Tal petición del legislador quintanarroense se suma a la propuesta que hizo el año pasado para garantizar el acceso a las playas del país y a la vez busca evitar que se repitan eventos lamentables como los ocurridos hace poco en Playa del Carmen y Tulum, donde personas mexicanas fueron desalojadas para impedir su estancia y disfrute de playas nacionales.
Para ello, Pech Várguez también propone que se exhorte a la Semarnat para que “convoque a una mesa de trabajo con especialistas para modernizar y armonizar la legislación de las Zofemats, y brindar certidumbre jurídica tanto a las empresas privadas que adquieran una concesión o permiso, como a los ciudadanos que tienen derecho de paso, uso y disfrute de estas zonas”.
Explicó que esto ocurre, “porque la Semarnat otorga a empresas privadas concesiones de las playas de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y les hace creer que éstas ya no pueden usarse libremente por nadie más”.
Agregó que esto deriva en “la falta de certeza en los límites que deben respetar las empresas que pagan por una concesión, con lo que restringen nuestro derecho de transitar y disfrutar las playas que son de todos”.
El senador José Luis Pech explicó que “las concesiones de las playas se otorgan bajo el supuesto de que generarán recursos para que las autoridades puedan preservarlas; pero éstos resultan insuficientes y muy bajos en comparación con las ganancias que se quedan los privados. Y por esos módicos recursos que no sirven para nada, se nos restringe de nuestros derechos como mexicanos”.
Para ilustrar y sustentar lo anterior, expuso a manera de ejemplo que “una concesión de Zofemat a una empresa privada en Playa del Carmen, por una superficie de 400 metros cuadrados (de 20 por 20 metros), paga 57 mil 180 pesos anuales. Si estimáramos que sobre este espacio se distribuyen adecuadamente 84 camastros, con un costo por unidad de 200 pesos, resulta que la inversión realizada se recupera en menos de tres días (unos 21 mil pesos diarios en promedio). El resto de la ganancia generada es para la empresa y el municipio de Solidaridad recibe un pequeño porcentaje en un solo pago. En conclusión, por el módico precio de 157 pesos diarios, una empresa privada le puede restringir a los mexicanos el derecho de libre tránsito por las zonas marítimas terrestres y el derecho a disfrutar de sus playas”.
Apuntó que a pesar de esto, en el último año del gobierno federal anterior, en 2018, se otorgaron 268 títulos de concesión de playas mexicanas a particulares y empresas privadas, cantidad que representa más del doble de las concesiones dadas en 2017, cuando fueron autorizados 123. “En el caso de Quintana Roo, según datos de la Semarnat, en 2019 se entregaron 56 títulos, equivalente a 228 kilómetros cuadrados de costas. Si consideramos que entre 2016 y 2018 se entregaron 58 concesiones en la entidad, significa que durante el primer año de este nuevo gobierno se ha mantenido la misma tendencia sobre nuestras playas”.
Agregó que otorgar concesiones de las playas de esta forma, representa un factor que evita un crecimiento ordenado de los centros turísticos de Quintana Roo y otros destinos nacionales, lo cual ocurre debido a que las concesiones no son administradas de manera adecuada y así es como provocan violaciones de derechos fundamentales que la Constitución otorga a los mexicanos, como son el libre tránsito, uso y disfrute de las playas.
